Hace dos años, juzgadores federales anunciaban la suspensión de labores sumándose a los trabajadores en protesta y resistencia a la purga en el Poder Judicial de la Federación por la reforma que lo desmanteló y acabó con su independencia judicial. Un golpe de Estado blando de Morena por la obsesión autócrata de López Obrador y que materializó quien ocupa la titularidad del Ejecutivo, dejando a México sin un Estado de derecho.
Frente a esa embestida autoritaria emergió una dignidad gremial sin precedentes en el México moderno para defender la autonomía del Poder Judicial, que se tornó en lucha por la defensa de nuestra democracia.
La historia tiene la obligación de registrar con letras claras el liderazgo valiente de los juzgadores federales, encabezados en la trinchera por una jueza, Juana Fuentes, al frente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), quien sumó dos componentes que históricamente caminaban separados: juzgadores y trabajadores jurisdiccionales.
La base operativa, legal y humana del sistema judicial dio una lección cívica memorable: las y los trabajadores agrupados en el movimiento de los 32 Circuitos defendieron en calles y foros no sólo sus derechos laborales y su carrera judicial, sino la última línea de defensa de la democracia. Juzgadores y trabajadores por primera vez en la historia marchando juntos por esa democracia, agredidos por la fuerza pública ordenada desde el poder.
En contraste con esa combatividad, la cúpula de la Suprema Corte exhibió una lamentable ausencia de liderazgo político y humano. Hubo una omisión histórica: nunca se tendieron los puentes indispensables ni existió la voluntad de reunirse y arropar a quienes estaban en la primera línea arriesgando su presente y su futuro por la independencia judicial. Esta pasividad institucional, documentada con testimonios directos, debe señalarse con rigor público para que cada actor enfrente el juicio de la memoria colectiva.
El asalto final en las cámaras legislativas se operó mediante la cooptación y el quebrantamiento ético. Los operadores del oficialismo recurrieron a la compra y extorsión de votos: por un lado, legisladores que aún se plantan ante sus alumnos en la UNAM para dar cátedra de derecho constitucional, cuando eran instrumentos del golpe democrático.
Por el otro, personajes que hoy, perseguidos y desterrados por Palacio, buscan protección porque desde el centro de Morena se provee información y expedientes a agencias de Estados Unidos para su persecución.
En este esbozo de radiografía, mientras un sector del empresariado, nacional y de Estados Unidos, respaldó decididamente la causa de los juzgadores, otra parte optó por el pragmatismo cómodo de la sumisión y el acomodo rápido al nuevo régimen. Hoy se quejan de la calidad de las resoluciones de los juzgadores de Morena.
El tiempo ha demostrado la exactitud de los diagnósticos. Se cumplió al pie de la letra la advertencia que la jueza Juana Fuentes hizo desde el histórico mitin en Reforma: la caída de los jueces independientes no era el destino final, sino el inicio de una cascada autoritaria. Tras la captura judicial, vino el desmantelamiento de los órganos autónomos que servían de contrapeso técnico y ciudadano a las decisiones del poder. Y hoy, como era previsible, la amenaza se cierne de forma abierta e inmediata sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo crítico.
Registrar estos hechos es un deber de memoria democrática. Frente a los intentos por normalizar la sumisión de las instituciones, la resistencia de quienes dieron la cara por el Poder Judicial permanece como un testimonio democrático y de lucha por el bien de los mexicanos. Gracias, muchas gracias. Es imperativo reflexionar sobre la consumación del golpe de Estado constitucional para 2028. Cancelar las elecciones permitiría contar, aún, con jueces que nos amparen y protejan del arbitrario.