La definición del director de la DEA, Terrance Cole, sobre Omar García Harfuch como un “socio de confianza” de Estados Unidos, merece leerse más allá de la cortesía diplomática. En seguridad, y particularmente en la relación México–Estados Unidos, la confianza es un activo estratégico: determina qué inteligencia se comparte, qué operaciones pueden coordinarse y hasta dónde los dos países pueden unirse contra las estructuras criminales que han desgastado el tejido social en ambos lados de la frontera.
Los resultados obtenidos durante la gestión actual explican parte de esa confianza. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, el gobierno federal reportó más de 59 mil 500 detenciones por delitos de alto impacto, 31 mil armas aseguradas, cerca de 500 toneladas de drogas decomisadas y dos mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de producción de metanfetaminas inhabilitados. En paralelo, el promedio diario de homicidios dolosos bajó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.
El peso otorgado a la inteligencia, investigación y persecución de estructuras criminales en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad es altamente visible. Al mismo tiempo, García Harfuch ha dado a la coordinación con las entidades una característica particularmente relevante, pues la operación federal no merma las capacidades de los estados, por el contrario, las suma, las articula y echa mano de las competencias de fiscalías y policías locales para obtener resultados integrales. Los operativos reportados diariamente son muestra del trabajo conjunto entre la SSPC, las Fuerzas Armadas, la FGR y las corporaciones estatales y municipales.
La coordinación también es notoria en la relación con Washington. Mientras México necesita cooperación estadunidense para rastrear dinero, armas, sustancias, tráfico de drogas y redes internacionales, Estados Unidos necesita información y capacidad operativa por parte denuestro país. La propia DEA ha reconocido abiertamente que requiere socios internacionales en su ofensiva contralas células criminales. En tal sentido, el secretario García Harfuch ha sabido desarrollar quirúrgicamente la virtud política de mantener esa cooperación sin hipotecar el respeto a la soberanía, lo que no es cosa menor, pues lograr ese equilibrio puede ser más difícil de lo que parece.
Ahora que nuestro país ha recuperado instrumentos indispensables como la inteligencia, coordinación, capacidad operativa y cooperación internacional, el reto es convertir cada golpe contra las organizaciones criminales en reducciones sostenidas de delitos y presencia de grupos criminales. Pues, aunque los avances son claros, todavía no podemos hablar de México como un país de baja violencia.
Si bien en 2025 nuestra tasa de homicidios fue considerablemente menor que la de países como Ecuador, Colombia y Honduras (con 17.5 por cada 100 mil habitantes), estuvo muy cercana a las de Guatemala, Costa Rica y Brasil, que igual que México luchan contra una violencia ampliamente relacionada con la presencia del crimen organizado; y considerablemente distante a las estadísticas en Chile, Argentina y El Salvador, considerados los países más seguros dentro de la región.
El reto es grande y no depende sólo de una persona o institución, es cierto, pero el secretario Omar García Harfuch ha mostrado capacidades y virtudes poco comunes que hacía mucho no veíamos en un titular de seguridad nacional. Ese reconocimiento operativo dentro y fuera del país, y particularmente esa confianza explícita por parte de Estados Unidos, representan una ventaja considerable para su gestión.
Confiemos que los resultados para México serán duraderos y cada vez más perceptibles en la vida cotidiana. Porque, al final, más allá de las detenciones, decomisos o cifras a la baja, el verdadero éxito de la estrategia de seguridad será que las y los mexicanos no sentirnos cada vez más seguros.