Revocación sin presupuesto

El Instituto Nacional Electoral interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación doliéndose de que la Cámara de Diputados no le autorizó, en el recientemente aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, los recursos necesarios para organizar una eventual revocación de mandato cumpliendo todos los principios y requisitos a los que está obligado por ley el instituto.

No se trata de una afectación trivial, sino de un recorte de 4 mil 913 millones de pesos en el presupuesto originalmente solicitado por el INE.

Es posible que el proceso de revocación de mandato (o de ratificación como difunden sus promotores oficialistas) no se lleve a cabo, lo cual sucedería si no logran recabarse las firmas de apoyo que señala la ley como requisito —en cuyo caso la queja quedaría sin sustento—.

Sin embargo, si el proceso revocatorio logra activarse, como paradójicamente (o quizás no tanto) parece ser el deseo de su principal promotor, el Presidente de la República, el INE se encontrará prácticamente impedido de cumplir cabalmente esta nueva obligación constitucional, misma que el Instituto estima que tendría un costo de más de tres mil ochocientos millones de pesos.

¿Por qué sería tan oneroso tal ejercicio? Porque el INE estaría obligado a organizarlo con los mismos principios y criterios con que se realizan las elecciones constitucionales: instalar decenas de miles de casillas cuidadas por ciudadanos capacitados previamente para tener un escrutinio y cómputo confiable de las opiniones, así como contar con los mismos mecanismos de seguridad, recolección y traslado de toda la paquetería electoral. Una opción económica, tal como sería realizar el referéndum por medios electrónicos o vía internet, no son permitidos por la ley vigente para la materia.

Otra forma de ver este problema presupuestal es considerar que, en caso de activarse, el INE tendría que descuidar o desatender el resto de sus obligaciones constitucionales para organizar el proceso revocatorio.

¿Cuáles son los argumentos del INE en su controversia? El primero es que la Cámara de Diputados actúo de manera injustificada al reducir el presupuesto solicitado por el INE, y que esto es grave porque obstruye al INE de cumplir con sus funciones constitucionales.

Si bien la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos es exclusiva de la Cámara, los órganos autónomos, como el INE, suelen recibir cierta deferencia en cuanto a los presupuestos que solicitan, y muchas veces estas solicitudes se negocian previamente con el Legislativo. No es la primera vez que el INE, el Poder Judicial u otros organismos autónomos reciben menos recursos de los que solicitan originalmente, sin embargo, la magnitud de la reducción presupuestal aplicada al INE para 2022 no tiene precedentes.

Otra forma de poner en perspectiva el trato diferenciado que se le dio al INE, comparado con otros órganos autónomos que no sufrieron reducción alguna, es que más de la mitad de las adecuaciones presupuestarias realizadas por la Cámara en la iniciativa de presupuesto fueron con cargo a los recursos solicitados por el INE.

La autonomía e independencia de un organismo constitucional no se construye con castillos en el aire. Se requiere, por ejemplo, certeza en la designación inicial de sus integrantes y que, una vez designados, ellos o ellas sean inamovibles o estén libres de cualquier tipo de presión para realizar sus mandatos constitucionales. Al mismo tiempo, una forma de vulnerar dicha autonomía es reducir de manera desproporcional o injustificada su presupuesto. Considere, por ejemplo, lo que sucedería si una universidad autónoma recibiera un recorte presupuestal similar al del INE.

Más allá de lo que se piense de la controversia presentada por el INE, ésta presenta una cuestión constitucional relevante: ¿cuántos millones de pesos pueden recortarse a un organismo autónomo, o al Poder Judicial mismo, antes de que podamos decir que su autonomía ha sido vulnerada?