Regreso a la realidad

El gobierno y sus voceros tienen una difícil relación con la realidad. A menudo suelen enfatizarse nobles intenciones antes que logros más bien magros, y cuando no hay alternativa más que dar a conocer algunos datos o cifras oficiales, éstas de inmediato se relativizan o desdeñan: en algún momento, en algún sexenio pasado, las cosas fueron peores –o a lo mejor fueron similares a las observadas en crisis pasadas, pero hoy tenemos la ventaja de que “ya no es como antes" y la fortuna de que nuestros gobernantes “no son iguales"–.

¿Cuánto le rindieron sus ingresos por nómina o aguinaldo en las pasadas fiestas decembrinas? ¿Ha notado cambios importantes en sus gastos tradicionales? De acuerdo con las cifras preliminares del Inegi para el cierre de año, por primera vez en 20 años, la tasa anual de inflación general será mayor a 7.2 por ciento. Esta cifra es superior a la meta u objetivo inflacionario del Banco de México de 3%, por lo que no debería sorprender que tarde o temprano, se les responsabilice por la inflación al mismo tiempo que se les exija promover una mayor tasa de crecimiento.

El gobierno incide, en mayor o menor medida, en algunos precios importantes. Una y otra vez el gobierno ha reiterado que los precios de combustibles, energéticos y tarifas controladas por el gobierno, así sea de manera parcial, no crecerán en términos reales. Cuando éstas suben el problema suele atribuirse a las fluctuaciones cambiarias o en los precios internacionales subyacentes. Sin embargo, cuando alguno de estos precios baja, el gobierno pide un aplauso por cumplir con su promesa de controlar precios que, en realidad, no puede controlar del todo.

Una consecuencia de tener una mayor tasa general de inflación es que permite al gobierno mayores aumentos en los precios y tarifas que controla. De hecho, estos precios contribuyen de manera importante a la inflación. Con cifras a noviembre de 2021, la tasa anual de inflación en los precios del gas natural fue de 23.9%; la de la gasolina Magna de 14.4 y la de la electricidad de 6.3%. Es decir que los precios de las tarifas “controladas” por el gobierno han contribuido de manera importante a la inflación general.

Un componente importante de la inflación observada en 2021 son los aumentos en los precios de mercancías, alimentos, bebidas y productos agropecuarios como frutas y verduras. Estos incrementos se deben en cierta medida al impacto de la recesión pandémica en las cadenas de suministro de bienes y servicios alrededor del mundo. Sea como fuere, la inflación en estos precios afecta de manera directa la pobreza laboral de los hogares, misma que ha aumentado de manera importante desde el comienzo de la pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental ante este problema? Mantener en marcha los mismos programas sociales con que inició el sexenio y poco más.

El marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica para 2022 anticipaba un crecimiento anual del PIB de 6.3% para 2021 frente a una caída de 8.3 observada en 2020. En cuanto a la inflación, se preveía una tasa anual de 5.7% para 2021 y de 3.4% para 2022. En cuanto al tipo de cambio del dólar, se esperaba un promedio de 20.1 a lo largo de 2021 y de 20.3 en este año. Si las metas económicas para 2021 anunciadas apenas en septiembre pasado no se cumplieron, ¿qué podemos esperar de las metas anunciadas para 2022?

Una economía con la inversión productiva estancada no podrá crecer ni producir los empleos necesarios para salir del atraso, o recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis pandémica. Si a la falta de crecimiento se añaden mayores tasas de inflación el resultado será más pobreza laboral y alimentaria. Parafraseando un poco la retórica de estos tiempos, de esto casi nunca se habla en las conferencias de prensa mañaneras. ¿Por qué?