¿Quién atenta contra la democracia?

Este sábado 25 de diciembre concluye el periodo de captación de apoyos para activar la nueva figura de revocación de mandato. Según cifras preliminares del INE, con corte al martes 21 se habrían recibido y verificado poco más de un millón de apoyos de los más de 2.7 millones de apoyos requeridos. De modo que aún está por verse si se cumplen o no los requisitos legales para activarlo.

Por otro lado, también está por verse cómo se resolverán los litigios en torno al presupuesto que el INE solicitó al Congreso para, eventualmente, realizar el referéndum revocatorio. Hay tres posibles resultados para estas controversias. El primero sería que no se reciban suficientes apoyos para activar la consulta, con lo que el litigio quedaría sin materia. El segundo sería que la Corte ordene al gobierno otorgar recursos suficientes al INE. El tercero, que la Corte o el Tribunal ordenen al INE realizar un referéndum hasta donde les permita su presupuesto disponible.

Entre algunos simpatizantes del gobierno resulta indignante que el INE posponga actividades del referéndum revocatorio hasta tener suficiente presupuesto —lo consideran un atentado contra la democracia. Curiosamente, el hecho de que el gobierno haya creado un nuevo mandato constitucional y busque activarlo sin dar presupuesto a la institución que le tocaría realizarlo no les produce la misma indignación. ¿Puede suponerse de buena fe que el INE puede realizar un referéndum revocatorio con todas las garantías de una elección constitucional sin presupuesto adicional?

Veamos un poco hacia adelante. En caso de que la consulta se active, aunque lo más probable es que gane la opción de ratificar el mandato del Presidente, ésta difícilmente concitará la participación del 40% de la lista nominal de electores para ser vinculante —es decir, más de 36 millones de personas. Y si esto ocurre, puede anticiparse con gran certidumbre que el Presidente culpará al instituto electoral de no haber hecho lo suficiente para promover la participación. Por último, en caso de que la consulta no se active, puede anticiparse que también se culpará al instituto de boicotear un novedoso ejercicio democrático.

Nada de lo dicho hasta aquí debería resultar sorprendente. A estas alturas del juego político sexenal, resulta muy difícil o inocente sostener las siguientes tres pretensiones: uno, que el referéndum revocatorio no se está promoviendo activamente por el gobierno con fines de propaganda; dos, que el recorte al presupuesto solicitado por el INE para este fin no es una estrategia para debilitar al árbitro electoral y, tercero, que defender las primeras dos pretensiones es una forma de fortalecer la democracia.

De manera más general, preocupa que, de un tiempo a esta parte, cualquier obstáculo, contrapeso u opinión contraria a la voluntad presidencial —ya sea la manifestada en sus conferencias de prensa o bien en sus actos de autoridad— sean consideradas como antidemocráticas. No está de más recordar por qué es necesario establecer claros límites al poder en una democracia constitucional —independientemente de si se simpatiza o no con el mandatario en turno. Los contrapesos, límites, y mecanismos de control a los gobernantes en turno —es decir, a los legítimos representantes de las mayorías— están en todas las constituciones de los países democráticos.

Hace no mucho tiempo, estos límites fueron exigidos por la oposición a un régimen de partido hegemónico, y en muchos sentidos podría decirse que tales límites permitieron llegar al poder a quienes antes eran oposición. Cuando el PRI era un partido hegemónico resultaba obvia la importancia de acotar el poder presidencial y la excesiva influencia que el gobierno podía tener en la arena electoral a través de órganos autónomos como el IFE, entre otros. Los límites al poder que ejercen el Poder Judicial y los órganos autónomos —cuyas funciones a veces resultan contra mayoritarias— son fundamentales para la supervivencia de una democracia constitucional.