La ciencia no es suya

El pasado lunes 24 de enero, la Asamblea General de Asociados del CIDE reformó los estatutos generales de este centro. Esta reforma es sumamente grave no solo por el golpe que esta significa para la vida interna del CIDE sino, además, por lo que este modus operandi representa para otros centros públicos de investigación —el CIDE no es el primero y posiblemente tampoco será el último centro afectado— y es representativa de la política de Ciencia y Tecnología que Conacyt ha venido implementando en los últimos tres años a contrapelo de la comunidad académica del país.

Para entender la gravedad del asunto vale la pena recordar que el CIDE es, antes que nada, una asociación civil. Aunque parezca costarle trabajo reconocerlo a los directivos de Conacyt, el CIDE no es meramente una paraestatal, sino que es una asociación civil con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa.

Los principales cuerpos colegiados del CIDE son tres. En primer lugar, la Asamblea General de asociados del CIDE, misma que consta de ocho integrantes: Conacyt, representantes de cuatro secretarías federales —SEP, SHCP, Energía y Economía—, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y el Banco de México.

En segundo lugar, está el consejo directivo del CIDE, mismo que es el órgano de gobierno de la asociación y consta de catorce integrantes: los ocho asociados enlistados antes, más representantes del CIMAT, del INE y cuatro consejeros a título personal designados por Conacyt. Cabe destacar que tanto la asamblea como el consejo directivo del CIDE cuentan con representantes de instituciones autónomas, tales como Banxico, Colmex o INE.

En tercer lugar, está el consejo académico del CIDE, el máximo órgano colegiado interno que conoce y aprueba las principales actividades del centro. Este Consejo consta de dieciocho personas: el director general, el secretario académico, el secretario de vinculación, el director de la sede región centro en Aguascalientes, más siete directores de división y siete representantes, designados por votación de la planta académica de cada división.

La Asamblea General es el órgano supremo del CIDE y tiene facultades para reformar o adicionar los estatutos del CIDE (Art. 17 del Estatuto). Sin embargo, el mismo estatuto vigente establece que una facultad y obligación del Consejo Académico es: “conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al consejo directivo y a la Asamblea General.” (Art. 42). Es decir que cualquier reforma al estatuto debe aprobarse en la instancia interna antes de ratificarse por las dos instancias externas —el consejo directivo y la asamblea—.

¿De qué tratan estas reformas? En primer lugar, para que el consejo directivo del CIDE solamente tenga que “tomar conocimiento” de la designación de director general que haga Conacyt, en vez de tener que someterlo a votación. En segundo lugar, para que la Secretaría Académica del CIDE, el segundo cargo directivo más importante, pueda ser ocupado por académicos externos al Centro.

Vistas de manera aislada parecen cambios menores, sin embargo, estas reformas significan que el Conacyt puede designar de manera unilateral a cualquier director general sin someterlo a consideración del Consejo Directivo. Y, a su vez, este director puede designar a un secretario académico externo a la comunidad del CIDE. Es decir que la reforma establece una vía rápida para controlar a un centro público de investigación de manera unilateral y unipersonal.

Por si esto no fuera suficientemente grave, hay una implicación más. Nada impide que Conacyt intente aprobar reformas adicionales al estatuto y la normatividad interna del CIDE sin someterlas al consejo académico. Si un centro público de investigación puede ser controlado por una sola persona, ¿para qué rodearlo de tantos cuerpos colegiados? A decir de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, esta reforma fue un “ejercicio democrático” que fortalece los cuerpos colegiados del CIDE.

¿Usted qué opina?