El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad para resolver las impugnaciones que surgen en torno a las contiendas electorales y, además, el órgano garante de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Al ser un tribunal constitucional, sus resoluciones son definitivas e inatacables. Durante años, sus integrantes fueron designados por una mayoría calificada del Senado. Tras la reforma judicial de 2024, los nuevos integrantes de la Sala Superior y Salas Regionales son designados mediante el voto popular.
La última vez que el Senado designó al pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral fue en 2016, con una duración escalonada. Sin embargo, una extrañísima reforma legal posterior amplió los mandatos de cuatro de sus siete integrantes. Durante el sexenio pasado, el Senado no realizó ninguna designación para la sala superior, por lo cual aquella integración inicial se mantuvo sin cambios hasta 2023.
Entre agosto de 2016 y la fecha, la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido ocupada por seis personas distintas. La inestabilidad ha sido tal que algunos magistrados ya han ocupado la presidencia un par de veces. En su integración actual, tres magistraturas datan de la designación del Senado de agosto de 2016, y las dos más recientes fueron elegidas mediante voto popular en la elección judicial de 2025.
Como el Senado no hizo las designaciones escalonadas establecidas por la Constitución durante el sexenio pasado, la Sala Superior del Tribunal quedó incompleta desde noviembre de 2023. Fue por ello que las elecciones federales de 2024, así como la propia elección judicial de 2025, fueron calificadas por una Sala Superior con integración incompleta.
Como sabemos, la reforma judicial de 2024 removió a todos los ministros, magistrados y jueces federales del país, a excepción de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral: al tiempo que se descabezó al Poder Judicial, la reforma judicial amplió hasta 2027 la duración del cargo de las cinco magistraturas electorales que estaban en funciones. Además, la reforma judicial de este año amplió, una vez más, estos plazos hasta 2028 e incluso les permitiría buscar la reelección.
Con gran dignidad, la magistrada Janine Otálora renunció a su cargo el 31 de octubre de 2025, fecha en la que concluía su designación original, aprobada por mayoría calificada del Senado desde 2016. Por su parte, esta semana la magistrada Mónica Soto anunció que renunciará a su cargo a finales de este mes. Esto quiere decir que las elecciones federales de 2027 serán calificadas una vez más por una Sala Superior incompleta.
Por su parte, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco ha estado libre de controversias. Baste recordar que, durante el sexenio pasado, se aprobó una reforma legal para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar como presidente del pleno por dos años. Dicha reforma fue declarada inconstitucional por la Corte. Sin embargo, el ministro Zaldívar renunció a su cargo el 7 de noviembre de 2023 para sumarse de inmediato al equipo de la entonces candidata Claudia Sheinbaum.
Tras la reforma, el texto constitucional establece que la presidencia de la Suprema Corte durará dos años y se alternará entre las ministras o ministros más votados, independientemente de sus capacidades o el apoyo que tengan por parte de sus pares. Esto implica que la ministra Lenia Batres asumirá la presidencia en 2027 y la ministra Yasmín Esquivel en 2029. Sin embargo, la misma constitución sigue estableciendo que el pleno de la Corte puede elegir a su presidente cada cuatro años, tal como se hacía antes.
Así las cosas, por paradójico que parezca, la reforma judicial introducirá en el pleno de la Suprema Corte una inestabilidad similar a la observada en la Sala Superior del Tribunal Electoral en los últimos diez años. Peor aún, la contradicción en el texto constitucional sobre cómo designar su presidencia tendrá que ser resuelta por el propio pleno. La inestabilidad en los máximos tribunales constitucionales del país es una señal preocupante de los tiempos que corren.