Concentración del poder

El Presidente de la República ha sugerido que oponerse a la realización de un referéndum revocatorio sería un atentado en contra de la democracia. El contexto de estos comentarios es que la coalición legislativa del partido gobernante creó un nuevo mecanismo constitucional de revocación del mandato de un presidente en funciones. El mismo gobierno que aprobó la nueva figura busca afanosamente activarla, pero sin que el Congreso aprobara el presupuesto solicitado por el INE para su eventual realización. Tanto el INE como la Cámara de Diputados han iniciado acciones legales para defender lo que, ante sus respectivos ojos, es la apariencia del buen derecho.

Pocos días después, el 23 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal contra los seis consejeros del INE que aprobaron un acuerdo para suspender las tareas de la revocación de mandato hasta tener claridad presupuestal.

Durante el fin de semana, medios y redes sociales discutieron intensamente el tema. Las opiniones se dividieron entre quienes consideran, al igual que el presidente de la Cámara, que los consejeros del INE cometieron delitos penales y que, en efecto, están atentando contra la democracia. Por otro lado, están quienes consideran que esa denuncia vulnera la autonomía e independencia del instituto y no es más que otro episodio de una estrategia que busca vulnerar o debilitar al árbitro electoral. ¿Quién tendrá la razón?

Más adelante, el lunes 27, el Presidente sugirió que la vía penal quizás no sea la forma idónea de responder o impugnar ante una actuación del INE realizada en el marco de sus atribuciones legales, toda vez que los acuerdos del INE se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación—cosa que, de hecho, ya ocurrió.

Un par de días más tarde, el miércoles 29, el presidente de la Cámara anunció en redes sociales que “he decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”. Un poco antes, durante la tradicional conferencia de prensa matutina, el Presidente de la República había adelantado la decisión del diputado Sergio Gutiérrez Luna y lo felicitaba por su “buena actitud: “Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que presentó una denuncia porque considera que es un delito que cometieron, lo reflexiona, a partir de que hay conformidad o lo consideran excesivo, y dice me retracto o ya no continua con la denuncia”.

En una posible interpretación de los hechos descritos aquí, vivimos en un auténtico régimen de separación de Poderes, con un respeto inusitado al Estado de derecho y un respeto pleno a los organismos autónomos como el INE. La Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades presupuestales exclusivas, decidió no autorizar el presupuesto originalmente solicitado por el INE. El instituto, por su parte, haciendo también uso de sus facultades legales, recurrió ante la Corte, misma que no ha resuelto el fondo de la controversia. La revocación no se ha suspendido ni pospuesto porque en este momento procesal apenas se están validando las firmas de apoyo para activarlo. Haciendo uso de su libertad de expresión, el Presidente opinó sobre el asunto mientras, de manera autónoma e independiente, el presidente de la Cámara decidió presentar una denuncia penal. Días después, éste se retractó y aquel lo felicitó.

En otra posible interpretación de los hechos, el que el INE tenga que recurrir a la Corte por un asunto presupuestal y que el presidente de la Cámara intente proceder penalmente contra consejeros electorales, son señales ominosas de una concentración inusitada de poder. No sólo el INE lleva tres años bajo asedio del mandatario, sino que el presidente de la Cámara de Diputados considera que una buena forma de mostrar su lealtad con el Presidente es emprender este penoso episodio y retractarse cuando se le solicita. ¿Usted qué opina?