¡Mexicanos al grito de guerra!

Asistimos a situaciones políticas extraordinarias y, hasta hace unos meses, inimaginables. Nos referimos a los acontecimientos empujados por el gobierno del presidente López Obrador, cuyo liderazgo entre millones de mexicanos es tal que la percepción de cambio se produce aun cuando éste sólo sea pronunciado. Es el caso de la lucha contra el robo de combustible. Mientras en el plano de los hechos, carecemos de evidencias sobre el fin de los huachicoleros, la vox populi, la base social y emocional del gobierno da por descontado que éste ya ganó las primeras batallas.

Es un fenómeno que bien podría ser parte de la posverdad mexicana: la percepción de que ese delito era nuestro peor problema de delincuencia organizada y de que el Presidente ya lo está combatiendo.

Seguramente los esfuerzos del gobierno tendrán resultados en el mediano y largo plazo, al ir cerrando las llaves de la red de cómplices que, según la narrativa de López Obrador, desfalcaban a la nación con un monto anual de 70 mil millones de pesos. Sin embargo, para millones de mexicanos, no es necesario que el responsable de la unidad contra el lavado de dinero, Santiago Nieto, ofrezca pormenores del negocio privado que desde la administración pública hacían –según el discurso oficial– funcionarios, gobernadores, alcaldes, diputados y hasta periodistas. Esto es así porque la credibilidad de la gente en el Presidente ha escalado a niveles de auténticos actos de fe.

Un hecho, esta semana, en las comparecencias de los propuestos a la Fiscalía General de la República, en el Senado, ilustra cómo la percepción se torna realidad política. Convertida en férrea defensora de la guerra contra el huachicol, la senadora de Morena, Rocío Abreu –priista postulada por Nueva Alianza y cercana al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la dirigencia del PRI– preguntó al entonces candidato Bernardo Bátiz si no sería necesario crear una fiscalía especial para el robo de combustible. La respuesta del abogado no pudo ser más elocuente: “El robo de combustible ya se va a acabar. Estamos viviendo una acción relampagueante. Ese delito va a ir en franca disminución”, dijo Bátiz, exprocurador capitalino. Como Bátiz, millones creen que pronto se acabará la ordeña de los ductos, un problema que ayer suscitó una explosión por la fuga de combustible en la toma clandestina del municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo.

En las próximas horas, las explicaciones oficiales de lo ahí sucedido se sumarán a la epopeya gubernamental contra un despojo que, según describió el maestro Bátiz, fue resultado de la Reforma Energética.

Pero la vertiginosidad de los acontecimientos inéditos no se limita al discurso gubernamental que, por primera vez en la historia reciente de México, es asimilado como una verdad irrefutable por millones de ciudadanos. También, en el plano de los hechos políticos, asistimos a transformaciones legislativas sin precedentes: la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, gracias a una mayoría calificada.

La suma de los votos del PRI y PVEM, así como de una parte del PRD, resultó crucial para el bloque Morena–PT–PES y anticipa la confirmación del visto bueno para ese dictamen en el Senado, este mismo mes. Y si bien la operación numérica es en sí misma un logro parlamentario del gobierno y de su partido, lo es todavía más el cambio jurídico, político y social que conlleva el establecer en la Constitución que la Federación contará con un cuerpo militar responsable de garantizar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de los bienes y recursos de la nación.

Escuchar en la tribuna al coordinador de la bancada de Morena, el diputado Mario Delgado, pidiendo confianza en la militarización del servicio policial, habría sido impensable en los tiempos en que la izquierda reclamaba el “¡No más sangre!” al expresidente Felipe Calderón.

Confirmando la dimensión del giro cultural que viene, el exgobernador de Coahuila, ahora diputado Rubén Moreira, al representar al PRI en el debate, dijo que la prisa por contar con esa institución castrense no era sólo del Presidente. Ni siquiera la propuesta de la morenista Tatiana Clouthier, de no dejar en la Constitución el carácter militar del Consejo del Estado Mayor de la futura Guardia Nacional, pudo conseguir el apoyo de sus compañeros, ya encarrilados en defender sin tregua la apuesta de que esta vez sí va a funcionar la estrategia de los soldados y los marinos en contra del crimen organizado.

En su calidad de Comandante de las Fuerzas Armadas, el Presidente ha hecho su parte en este proceso de sensibilización de que los antes defenestrados militares son los héroes en la guerra contra el huachicol y de que también lo serán en la construcción de la paz.

Cincuenta y un años después de la masacre del 68, todo indica que nos asomamos a la terapia colectiva de sacudirnos aquel trauma, con la reivindicación política y presidencial del uso legítimo de la fuerza del Estado.