Una confesión pedida

Para Sanjuana Martínez, periodista ejemplar.

Suele decirse que confesión no pedida es (auto)acusación manifiesta. Eso mismo le reclaman algunos críticos a Andrés Manuel López Obrador, quien, frente a una intensa campaña que lo acusa de reeleccionista, acaba de firmar un documento con el compromiso de no permanecer en la Presidencia de la República más allá del sexenio en curso. Sin embargo, ahora se acusa a AMLO de proponerse exactamente lo contrario. ¿Con cuáles pruebas? Con ninguna, pero ya se sabe que en política eso no importa.

Por otra parte, cabe decir que no estamos ante una confesión no pedida, sino ante la respuesta a numerosas acusaciones, las que probablemente llevaron a la firma de ese compromiso, el que en otro contexto sería del todo superfluo, pues la no reelección es un principio básico de nuestra institucionalidad, un producto histórico cuya utilidad se ha visto refrendada más de una vez.

Desde luego, hay antecedentes que vale la pena tomar en cuenta. No se olvide que Álvaro Obregón se hizo reelegir, aunque una bala frustró la intentona y tuvo que restablecerse el principio enarbolado por don Francisco I. Madero. De varios presidentes priistas se dijo que soñaban con alargar su periodo de gobierno. En la docena trágica del PAN se consideraba un secreto a voces que Vicente Fox pensaba dejar el cargo a su vocera y luego esposa. Más recientemente, apareció Margarita Zavala en la peregrina búsqueda de la Presidencia, lo que, de concretarse, hubiera sido una suerte de alargamiento del calderonato.

La no reelección, insistamos, pasó a formar parte de los dogmas republicanos, sin embargo, en el presente siglo se reformó la Constitución para establecer la permanencia en el cargo de alcaldes y diputados, con la mira evidente de pasar luego a nuevas modificaciones constitucionales que alargaran el tiempo en el poder de gobernadores y, por supuesto, del mismísimo presidente de la República.

Lo que ahora suscita dudas es la llamada revocación de mandato. Dicho de otra manera, AMLO tiene el proyecto de incluir en los comicios de 2021 una pregunta a los electores, para que éstos digan si quieren que siga en el poder o para que, en caso contrario, dimita. Para los críticos de López Obrador esa pregunta es una máscara de presuntos afanes reeleccionistas. Más realistas, otros adversarios ven el peligro en meter el nombre y quizá la imagen del Ejecutivo en las boletas, lo que sería para ellos un empujón a las candidaturas de Morena. Puede ser, pero está por verse.

El propio López Obrador declaró que seis años bastan para poner los cimientos de sus proyectos y acabar con la corrupción, acostumbrarnos a tener gobiernos austeros y sentar las bases para acabar, en definitiva, con los fraudes electorales, propósitos más que plausibles, pero que no dependen únicamente del jefe de Estado, sino que implican promover una nueva cultura política, lo que probablemente lleve más tiempo.

Más preocupante es que el Ejecutivo insista en condenar a “algunos medios de comunicación” porque, real o supuestamente, “andan muy desesperados”, de ahí que les sugiera no perder objetividad ni profesionalismo, porque el afán de criticar por todo al gobierno federal puede llevarlos “al ridículo” y a que “conviertan sus periódicos en pasquines”.

Imposible separar lo anterior del caso de la campaña negra contra el entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, campaña financiada generosamente por grandes empresarios y al frente de la cual se señala a Enrique Krauze, insospechable de simpatía alguna por AMLO, contra quien incluso escribió un libro poco afortunado.

De acuerdo con lo publicado, la campaña contra López Obrador se desplegó en redes sociales mediante memes y videos, y entre los patrocinadores figuran magnates como Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea, el zar de la minería, que no están obligados a hablar bien del fundador de Morena.

En este caso —y en otros— hay que distinguir la legítima discrepancia con la comisión de delitos, ya sean los meramente electorales o aquellos que se relacionan con la calumnia o la difamación. Pero aun si ése fuera el caso, los aludidos pueden estar tranquilos, pues las denuncias estentóreas se están haciendo costumbre sin que se proceda por vías legales contra quienes incurren en conductas delictivas, llámense huachicoleros, funcionarios de Pemex y miembros del anterior gobierno. Es política, y no de la mejor.