1. Abuso jarocho. En Veracruz, Rafael León Lafita, periodista de nota roja, fue levantado como si fuera capo, pero presentado como terrorista, una categoría elástica que la Fiscalía estira cuando le estorba la realidad. Lisbeth Aurelia Jiménez, debuta al frente de la FGE con un clásico local: prisión preventiva sin pruebas públicas y cargos grandilocuentes, mientras la gobernadora Rocío Nahle defiende, según ella, la apertura y la libertad de expresión. ¿Por qué la palabra les molesta más que la pólvora? En el Veracruz de Nahle son raudos para detener indefensos, pero a grupos armados, ni con el pétalo de una rosa.
2. Caliente espera. En Buenavista, Michoacán, la desesperación volvió a cerrar carreteras. Tres desaparecidos fueron suficientes para que se quemaran llantas y hubiera bloqueos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla habla de coordinación, la presidenta Claudia Sheinbaum de estrategia unificada y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, de inteligencia, pero en la Tierra Caliente la paciencia se agota antes que las promesas. Ojalá que esta vez el despliegue no se limite a liberar caminos y sí alcance para devolver respuestas. Porque cuando los gobiernos estatal y federal aparecen, lo mínimo es que también aparezcan los ausentes.
3. Subsidio rodante. El gobernador Pablo Lemus frenó el alza del transporte en Jalisco con una fórmula popular: reconocer que el pasaje debería costar 14 pesos y anunciar que el gobierno pondrá los otros tres para dejarlo en 11. Técnica impecable, políticamente rentable. El subsidio vía Tarjeta Única muestra control y justicia social, mientras los transportistas aceptan y los usuarios respiran. Mil 200 mdp para garantizar un buen Mundial 2026, con promesa de Lemus incluida de que será el único aumento del sexenio. En Jalisco el camión no sube, el Estado paga. Habrá que ver cuánto dura la cortesía y quién termina cubriendo el boleto completo.
4. Estado espejo. En Campeche, Layda Sansores gobierna realidades paralelas: la oficial, donde las cifras dicen que todo va bien, y la cotidiana, donde la gente ve crecer la violencia, el miedo y el silencio. Mientras Sansores dice tener controlada la seguridad, la ENSU del Inegi registra más temor, el penal de Kobén sigue ardiendo y los periódicos cierran como si informar fuera delito. La “ley mordaza” judicial, las protestas reprimidas y los activistas perseguidos contrastan con los preceptos de la 4T. Si un gobierno necesita prohibir que lo nombren, es porque ya no controla lo que representa.
5. Sin tregua. El combate a la extorsión no se detiene ni en temporada festiva. Los gobernadores deberán llevar sus propuestas para hacer frente a este delito ante sus congresos locales. Tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Omar García Harfuch, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya titular es Marcela Figueroa Franco, establecieron como fecha fatal el último día de enero para que los gobiernos estatales presenten las iniciativas de reforma necesarias para homologar sus marcos jurídicos. Hay estrategia, sólo falta que haya armonía de criterios.