En un municipio californiano, Bell, funcionarios llegaron a cobrar un millón de dólares al año. Nadie se hubiera enterado de no ser por el periodismo local, recordó el miércoles el gobernador Gavin Newsom, al firmar la AB 2222. ¿Eso qué es? En buen cristiano se le conoce como la Ley de Empleo y Sostenibilidad de Redacciones Comunitarias (Community NEWS Act), una legislación que otorga créditos fiscales reembolsables para apoyar al periodismo. ¿Un gobierno paga para que le peguen? Si vemos la otra cara de la moneda, en tiempos de campañas el margen de comportamiento de los candidatos en casi cualquier punto del planeta es muy similar: nadie va a robar, nadie va a mentir. En este caso, la moraleja cabe en un titular: sin reporteros, muchos corruptos no llegarían a los libros de historia y, acaso, tampoco pisarían la cárcel.
La referida ley concederá, a partir de 2027, créditos fiscales reembolsables a los medios locales: 20 mil dólares por cada uno de sus primeros cinco periodistas de tiempo completo, 15 mil por cada adicional, 7 mil 500 por los de medio tiempo y otros 15 mil por cada plaza nueva. Todos estos montos no representan, parece, facilidades en pos de tirar línea editorial. Se trata, a decir de los especialistas, de dinero atado al empleo.
Según la Escuela de Periodismo Medill y Rebuild Local News, California perdió un tercio de sus periódicos desde 2005, además que desde 2002 se esfumaron más de 12 mil periodistas. Hoy resisten unos 2 mil 400 de tiempo completo. Va un aforismo: para dedicarse a esto es necesario tener repulsión por el dinero.
De momento, no hay censo exacto sobre cuántos medios sobreviven, pero Medill ubicaba a California entre los estados con más de 400 medios. ¿Son muchos? ¿Pocos? La única certeza es que hay menos gente en las redacciones conforme pasa el tiempo.
Leí esta noticia en la portada de Los Ángeles Times y me surgieron algunas preguntas. ¿Puede o debe el Estado financiar a quien lo vigila? ¿Quién decide qué medio lo merece? ¿Se le muerde la mano al que da de comer? La California News Publishers Association celebró la firma. La News/Media Alliance elogió que el esquema cubra todo tipo de medios sin distinguir tamaño ni línea, más de 180 organizaciones firmaron cartas y cientos de medios publicaron posturas a favor.
Del otro lado, la Asociación de Contribuyentes y la Cámara de Comercio se opusieron porque la ley sube impuestos a empresas, y las propias finanzas del gobernador la criticaron por no tener tope. Newsom reconoció que también subsidia a quien no lo necesita y surgieron las advertencias de que el medio que cobra del Estado podría suavizar la cobertura de quien firma los cheques. La sospecha es legítima. Ya se escuchará, si acaso, el silencio de los redactores.
En éste y más casos, la merma del periodismo se asocia con menos rendición de cuentas. Apoyar al periodismo puede ser tan legítimo como pagar el alumbrado público, a menos que salga el ciego del chiste a reclamar, dado que él no usa la luz de las calles. Por lo que noto, lo discutible es el diseño, pero toda ley es “perfectible”. En todo caso, la mejor defensa de la independencia es la transparencia: reglas claras, límites y revisión periódica.
Concluyo esta entrega con Newsom, que se preguntó cuántos Bell más hay no sólo en California, sino en todo Estados Unidos. La pregunta es incómoda y conlleva un doble filo. No tiene respuesta, de momento, y la formula un gobernante, no un reportero.