La salud de la República

La multiplicidad de leyes es muy dañina para las Repúblicas, porque en ellas se fundaron todas y por ellas se perdieron casi todas. Siendo muchas, causan confusión y se olvidan, o, no pudiéndose observar se desprecian.

              Diego de Saavedra Fajardo

Lo deseable para todo ser humano, para todo ser vivo, es la salud, de manera singular la del Presidente de la República, en este caso por razones de Estado; ¡Albricias! Por su casi inmediata recuperación del terrible virus covid-19..

En efecto, al ser la salud un derecho humano que protege a todas las personas, la Constitución general establece esta protección para que toda persona tenga acceso a los servicios inherentes.

La salud de la República está seriamente dañada en lo social, jurídico y político con la consecuencia obvia en todo en lo que hace al bien común al que está obligado el Estado democrático.

Resulta un daño irreparable para la República y una violación a este derecho humano ordenado por la ley suprema, primero, la desaparición del Seguro Popular y, ahora, su sustituto con el Insabi, generando una carga imposible de lograr al IMSS-Bienestar.

Al inicio de este gobierno, el Seguro Popular tenía afiliadas al 44.7 por ciento de la población de nuestro país, 53 millones 530 mil 359 personas. A la fecha de la desaparición del Insabi, sólo 34.9 millones de mexicanos se encontraban afiliados a dicho Instituto.

A partir del váguido (sic), (¿vahído?) del Presidente durante su gira en Yucatán, el pasado día 24, se desató la actividad como “oficialía de partes” de la Cámara de Diputados, notoria abyección de los legisladores (sic) de Morena al aprobar en 24 horas leyes que fortalecen a la Sedena, modifican el sector salud y se refieren a la adquisición consolidada por medio de la Secretaría de la Función Pública, a excepción de las Fuerzas Armadas, desaparece el Conacyt y la desaparición de la Financiera para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en resumen ocho reformas en un madruguete digno de una pandilla abyecta e inescrupulosa, clásico madruguete atropellando a la oposición.

Esta manera aberrante de legislar, que ni siquiera permite leer, ya no analizar iniciativas, muchas de ellas que superan las 500 fojas, en clara transgresión e incumplimiento del “debido proceso legislativo”, lo que faculta al Poder Judicial de la Federación, el renvío legislativo que establece en valorar estas violaciones con una apresurada e inatendida creación de leyes, de pobre o defectuosa construcción y, que desde luego vulnera la constitucionalidad de la norma.

En todo caso, el Poder Judicial de la Federación hará el envío al Legislativo para corregir defectos formales, por violación al debido proceso legislativo que, desde luego, afectan al fondo de la materia. La supremacía de la Constitución es el instrumento que garantiza que el régimen republicano no sea desconocido por leyes secundarias, la máxima de esta supremacía, indeclinable y continúa vigencia de los principios constitucionales impide que las desviaciones y extralimitaciones del legislador o desvíos de poder se den en dichas leyes constitucionales, incongruentes con las directrices constitucionales.

Igualmente grave la violencia morenista en el Senado de la República, que impide la designación de un comisionado, al menos, para que funcione el Inai, manteniendo al instituto, en una inacción que fomenta la opacidad y permite el abuso de poder con una ilegal y antidemocrática discrecionalidad, para controlar, restringir o de plano negar el acceso a la información.

Esta actitud beligerante y calumniosa, por decir lo menos, fue impulsada de nueva cuenta por el Presidente en la mañanera del día de ayer, en que la expresó que “el Inai no ha ayudado a combatir la corrupción” y que “no sirve para nada”.

La SCJN con su actual composición: ocho ministros patriotas y juristas de cepa tienen la tarea con su presidenta, el destino del Poder Judicial de la Federación. ¡La Constitución está a salvo!