Cien días de claroscuros

Cuando se gobierna con ideología, el principal problema son los hechos. Para remediarlo se les trata como estadísticas, se emplea uno que sirve al discurso y se ignoran u ocultan los otros que dan la pintura completa. No obstante, el juez tiempo pone las cosas en su lugar. El dogma se va disolviendo en sus falacias y los obstinados hechos emergen alzando a la verdad.

                Miguel A. Rosillo

El siniestro legado de la anterior administración, la cual se percibe como clandestino Maximato del jefe máximo de la 4T en la continuidad de las mañaneras con un formato desgastado; tiempos aciagos en la historia política del país que recuerdan los peligros de una intransigencia sistemática, contraproducente como método político, que sólo sirve para crear circunstancias políticas, económicas y sociales contrarias al bien común, anulando la idea que se deben aplicar los principios ético-jurídicos fundamentales en la construcción y conducción del mismo.

La mentira política no es nueva en nuestro país, hemos lidiado con ella de maneras diversas y en épocas distintas, pero la política de “otros datos ha rebasado” la cruenta realidad, lo cual no sólo es moralmente condenable e injustificable bajo los alegatos: “secreto de Estado” o “seguridad nacional”; verdades y mentiras que se diluyen entre sí, bajo una línea muy delgada y en ocasiones imperceptible, entre lo acontecido, lo registrado y reportado públicamente, omitiendo hacer público hechos acontecidos en agravio de la sociedad. La desaparición del Inai es un claro fortalecimiento de la mentira política.

Una adecuada política de Estado es combatir a los Poderes que atentan contra la libertad, la igualdad, la fraternidad, la legalidad y la seguridad. Efectos contraproducentes han ocasionado, entre otros, la destrucción de un Poder Judicial, esencial e insustituible para la vida democrática de la República en el marco de legitimidad y, desde luego, la legalidad, un verdadero equilibrio de Poderes.

El proceso accidentado para “transformar” la administración de justicia, de suyo viciado de origen, aprobada abruptamente por una mayoría impuesta a base de amenazas, corrupción e impunidad, por decir lo menos, proceso que enfrenta una suspensión legítima y legal derivada del acatamiento de una resolución de jueces federales sustentada por la Ley de Amparo vigente, por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo desacataron la suspensión y continúan con un desaseado proceso, a diferencia del que había iniciado el Comité de Evaluación del PJF, que consideraba evaluaciones, la meritocracia de los aspirantes estructurada de similar manera con las regulaciones que se aplicaban en la carrera judicial. Finalmente, el desgaste de los dos comités evaluadores que desacataron la resolución de jueces de amparo llevarán a los elegidos a elevar sus oraciones a San Pancracio (santo del dinero y la suerte) para llegar a la tómbola.

La incontenible violencia con estallidos que no cesan en Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Guanajuato y otros estados, se observa una inacción continua y ausencia de instituciones públicas, con negación de su responsabilidad política, rayando en el contubernio, cinismo y la impunidad como siniestro legado. Casi 200 mil homicidios dolosos, más de 50 mil desaparecidos, el crecimiento desmedido y control del narcotráfico de una enorme parte del territorio nacional, más de 643 secuestros en estos 100 días.

La retórica de la Presidenta, similar a la de su antecesor, oscurece su disposición de cambio en la atención de la problemática del país; nueva estrategia de seguridad pública (sin diagnóstico), el Plan México, atención presencial del devastado Acapulco (sin temor a exponer la investidura presidencial)…

Un enorme reto para la Presidenta, quien deberá afrontar con el ejercicio de una política interior reparadora y conciliadora y una exterior hábil, firme y congruente con la Constitución y las obligaciones que le impone el derecho internacional.