“Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie”. Es una máxima tan vieja como la corrupción misma y cuando se reparte la responsabilidad entre tantos escritorios, al final, nadie asume las consecuencias, nadie da la cara y nadie termina pagando.
Las comparecencias, en la Cámara de Diputados, del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, y del auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, evidenciaron la radiografía de un sistema experto en lavarse las manos.
Escuchar el recuento de las anomalías cometidas en el corazón del organismo encargado de velar por el derecho político más sagrado de las y los ciudadanos —nuestro voto— produce indigestión. Estamos hablando de un fraude operado con la tranquilidad de quien se sabe impune. Hablaron de contratos de material electoral otorgados a modo con sobrecostos descarados, simulación de competencia entre proveedores, empresas fantasma o sin trabajadores registrados ante el IMSS que facturan cientos de millones de pesos, uso de documentación fiscal ajena y hasta la condonación milagrosa de penalizaciones.
Pero las anomalías no se detienen en los paquetes electorales, tan solo la ASF detectó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales más de 3 mil 700 millones corresponden a organismos electorales locales y al INE. También encontraron redes de vínculos entre funcionarios y proveedores, comisiones sospechosas y empresas que cambiaron su objeto social tres días antes de ganar una licitación.
Frente a esta catarata de irregularidades, las respuestas oficiales resultan pasmosas. La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso para declarar que la corrupción en el INE no nació con la gestión de Guadalupe Taddei, sino que viene desde 1999 y se mantuvo en 2014. Si el problema es estructural e histórico, si todos lo sabían y la podredumbre viene de décadas atrás, ¿por qué esperaron a que la cloaca explotara? Cuestionar esto no es cacería de brujas; es elemental sentido común.
El contralor Carvente presumió ante los legisladores un incremento en las recomendaciones por auditoría, intentando transformar la acumulación de hallazgos en un diploma a la eficiencia. Sin embargo, los cuestionamientos hechos en el recinto parlamentario son eco de lo que se preguntan los ciudadanos: ¿Por qué el OIC no detectó ni frenó estas contrataciones antes de que las investigaciones periodísticas las exhibieran? ¿Qué medidas cautelares se tomaron a tiempo para proteger el patrimonio público? Defender la institucionalidad del INE no significa tapar los ojos ante las complicidades internas.
Hernández Palacios prometió a los diputados llegar “hasta las últimas consecuencias”, coordinar investigaciones de inteligencia financiera, revisar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) desde el año 2000 y presentar denuncias a más tardar en febrero. La retórica oficial suena impecable, con independencia, rigor técnico, sin distinciones ni privilegios; sin embargo, la ciudadanía acumula fatiga diplomática como para alimentarse sólo de promesas de fiscalización a futuro.
El problema de fondo es el patrón repetido. Cuando los señalamientos alcanzan un punto crítico, la maquinaria institucional se activa para repartir responsabilidades en una espiral infinita. La gestión saliente culpa a la entrante; la actual responsabiliza al pasado; la autoridad electoral apunta a los proveedores tramposos; los órganos de control se escudan en los plazos legales de investigación, y la fiscalía espera expedientes integrados mientras las presuntas redes de corrupción siguen operando con nuevos nombres y los mismos vicios.
Las instituciones democráticas no se debilitan sólo por las reformas legislativas o los recortes presupuestales, se erosionan por dentro cuando el dinero público destinado a garantizar la voluntad popular termina en los bolsillos de redes de proveeduría desleal bajo el cobijo de la omisión institucional.
Hay 18 expedientes abiertos, cinco servidores públicos imputados formalmente y 25 vistas a áreas de investigación. Veremos si esta vez la justicia administrativa y penal actúa con la contundencia que el caso exige o si presenciaremos, una vez más, el viejo arte de diluir las responsabilidades hasta que el tema salga de las primeras planas, porque en la política mexicana, cuando el escándalo salpica a tantos escritorios, la culpa nunca cae al suelo.