Seguramente usted ha escuchado o dado este consejo a niñas, niños y adolescentes: “No hables con extraños en internet”. Es una recomendación lógica, bienintencionada, pero traslada el origen del peligro a las pantallas y asume que la solución radica en el aislamiento tecnológico o en la estricta vigilancia familiar.
Si un menor sufre violencia en el entorno digital, la primera reacción colectiva es cuestionar qué hacía conectado, cuántas horas o por qué los padres no revisaron el dispositivo a tiempo o por qué no se lo quitaron. La responsabilidad, bajo esta lógica adultocéntrica —como explica Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia—, se deposita de manera automática en la víctima. Sin embargo, los datos oficiales indican que el problema no se encuentra en el funcionamiento de las telecomunicaciones ni en el uso inexperto que la infancia hace de las herramientas sociodigitales.
De acuerdo con el estudio global Disrupting Harm México —elaborado por Unicef, ECPAT International e Interpol—, es que no estamos frente a incidentes aislados causados por delincuentes anónimos en la oscuridad de la red, sino ante la continuidad y traslado de la violencia de género, el control machista y el abuso de poder presencial hacia las plataformas digitales.
Las estadísticas muestran que 13% de los usuarios de internet entre 12 y 17 años en México sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en el transcurso de un año. La cifra se traduce en alrededor de 1.6 millones de víctimas en el país. Además, 47% de estas personas enfrentó dos o más modalidades de agresión de manera simultánea. El volumen de los registros evidencia un problema estructural que no puede reducirse a meros “peligros de internet”.
El mito de la prevención basada en evitar a desconocidos se desmorona cuando se analiza el vínculo entre la víctima y el agresor, pues 64% conocía al perpetrador. Eran amistades, parejas, exnovios o familiares directos; las personas desconocidas representan sólo 15% de los incidentes.
La realidad indica que el factor de riesgo se encuentra en los círculos de confianza y en las dinámicas presenciales. El entorno escolar, de hecho, aparece como el espacio físico del primer encuentro en 39% de los casos, superando al entorno virtual, que registra 31 por ciento. Los hombres representan más de 90% de los agresores en estas mediciones.
La consecuencia de esta violencia no se limita a la esfera virtual ni desaparece al apagar el dispositivo electrónico. El informe señala que las víctimas de estas conductas registran 15 veces más probabilidades de incurrir en autolesiones y 12 veces más, de manifestar pensamientos o comportamientos suicidas en comparación con quienes no han sufrido estas agresiones.
A pesar de la gravedad de los daños, el sistema de procuración de justicia le falla a las infancias: 32% de las víctimas no comunicó la agresión a ninguna persona de su entorno; menos de 1% presentó una denuncia formal, y sólo 2% acudió a una línea de ayuda telefónica o a servicios de asistencia social.
¿Por qué? La vergüenza social impuesta, el temor a sufrir represalias por parte del agresor o de la familia, el desconocimiento de los canales de denuncia y la percepción de que las instituciones del Estado no considerarán el hecho como un delito. La respuesta institucional y legislativa promueve el control parental, el bloqueo de apps y la restricción del uso de dispositivos en el hogar, pero esa estrategia desplaza la obligación del Estado hacia los tutores y asume que el espacio digital es neutral.
Pérez García invita a que la reflexión responsable deje de preguntar por qué los menores estaban conectados y empezar a preguntar por qué los hombres agresores, las plataformas y las instituciones siguen encontrando beneficios para violentarles.
Y tiene razón, ¿por qué los agresores operan bajo un esquema de impunidad?, ¿por qué los entornos escolares y familiares reproducen conductas de control de género? y ¿por qué las empresas de tecnología obtienen beneficios financieros sin ser obligadas a garantizar la seguridad de los usuarios menores de edad?
No hay justificación para mantener políticas públicas basadas en el aislamiento de las infancias, mientras las estructuras delictivas y las fallas institucionales permanecen intactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a utilizar los entornos digitales sin que ello implique asumir el riesgo de ser violentados ante la omisión del Estado, ¿no lo cree?