21 años de Acteal

Insensibilizados y deshumanizados por la creciente violencia cotidiana que azota al país, la matanza de Acteal, que mañana cumple 21 años, aparece como “otra masacre más” y que, conforme pasa el tiempo, se va perdiendo el interés en su esclarecimiento, y sólo se le recuerda cuando se cumplen aniversarios de acontecida. Sin embargo, la tragedia de Acteal, en el municipio de Chenalhó (Los Altos de Chiapas), en la que fueron asesinados 45 indígenas (15 niños, 21 mujeres y nueve hombres), siete criaturas no natas y más de 25 heridos, constituyó un parteaguas histórico, según señala Mónica Uribe en su libro El dolor de Acteal, una revisión histórica, 1997-2014 (Ediciones Eón, 2018).

Desde la rebelión zapatista de 1994, Chiapas estuvo en el epicentro político y social nacional e internacional. El conflicto armado y la problemática social tuvieron la atención preferente de los medios de comunicación (también de observadores, organizaciones de derechos humanos, etcétera), gracias a lo cual la tragedia citada se pudo conocer inmediatamente (pese a que internet estaba en pañales y no había redes sociales) y en su desgarradora dimensión. En Chenalhó, el PRD no reconoció el triunfo del PRI e instaló un gobierno municipal autónomo en Pohló, en 1995, y aunque el alcalde priista renunció, la violencia en el municipio siguió, creció la cantidad de desplazados y la militarización, incluyendo la presencia paramilitar. Acteal se encontraba dividido entre las áreas dominadas por los zapatistas y los priistas, quedando en medio el territorio ocupado por la comunidad tzotzil, eclesial y pacifista de Las Abejas, cuyos miembros simpatizaban con los ideales zapatistas, no así con sus métodos de lucha armada. La elección de 1997 sirvió de catalizador de la polarización y, previamente a la matanza del 22 de diciembre, se habían intensificado los conflictos y los crímenes, al igual que las alertas sobre ello (desdeñadas por las autoridades). En la mañana de aquel día, mientras familias de Las Abejas oraban en una ermita católica, decenas de personas (entre las que se encontraban refugiados zapatistas) fueron víctimas de un salvaje ataque paramilitar durante siete horas, sin que interviniera en ese lapso ninguna fuerza de seguridad, pese a que estaban a unos 200 metros.

La versión oficial de la matanza fue que se debió a un “conflicto interétnico” entre el ayuntamiento de Chenalhó y el municipio autónomo de Polhó. Sin embargo, del libro citado resulta claro que durante el gobierno de Ernesto Zedillo se produjo un viraje con relación al conflicto chiapaneco, y se puso en marcha una política de contrainsurgencia para acabar con el EZLN, con participación de autoridades estatales y locales, el Ejército, la policía y grupos paramilitares, que sacaron provecho de las contradicciones políticas, sociales y religiosas, y propiciar disputas interétnicas, para dividir, debilitar y reprimir a sus opositores. Pero la estrategia se le revirtió al gobierno, ya que la tragedia se universalizó y reveló que las violaciones a los derechos humanos en México pueden derivar en un genocidio, y quedar impunes.

Aunque ya fueron liberados los indígenas acusados por la masacre (por fallas al debido proceso), y Ernesto Zedillo (“responsable último de la matanza”) recibió inmunidad diplomática de Estados Unidos ante acusaciones en sus cortes, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y, por ende, no puede haber perdón o tabla rasa del pasado, si antes no hay justicia.

ENTRETELONES

La Corte de La Haya admitió analizar la denuncia contra Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad.

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