UNAM: Territorio sin ley

Hace 100 años nació la autonomía universitaria con la Reforma de Córdoba, Argentina, cuando el gobierno reconoció los siguientes principios: la gratuidad, la libertad de cátedra, los concursos de oposición, el cogobierno, el carácter crí- tico, la extensión universitaria, entre otros. A partir de entonces, la autonomía universitaria es una “institución latinoamericana”, según escribió Leopoldo Zea, un principio consubstancial para el cumplimiento de su misión educativa y social. En México, a lo largo del siglo XX la autonomía floreció, y en 1980 fue elevada a rango constitucional. En el artículo tercero se estipula que la autonomía implica: la facultad de gobernarse a sí misma; realizar libremente la docencia, investigación y extensión; libertad de cátedra, de investigación y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas de estudio, las políticas de ingreso y promoción de su personal; y administrar su patrimonio.

Queda claro que: “la autonomía es, esencialmente, la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura” (Barros Sierra), y que las atribuciones de gobierno y financieras son medios para el trabajo académico; que el régimen autonómico no es sinónimo de extraterritorialidad, de fuero o coartada para el delito, la corrupción, la violencia y la impunidad; después del conflicto estudiantil de 1968 (a medio siglo), la autonomía no puede ser un instrumento de confrontación política con el Estado porque es un órgano descentralizado, con autonomía, sí, pero financiado por los poderes públicos y responsable ante la sociedad.

El espacio libertario privilegiado de la autonomía ha sido aprovechado para la hiperpolitización, los negocios ilícitos, el acopio de armas, los robos, las violaciones, los asesinatos, la corrupción… No se trata solamente de grupos radicales (como los anarquistas) que viven de torpedear y chantajear a las autoridades universitarias y gubernamentales, sino también de los narcomenudistas que tienen décadas vendiendo drogas y han evolucionado a células de cárteles (Tláhuac, La Unión) que delinquen violenta e impunemente. O del amafiado ambulantaje, que se han enquistado y enriquecido y que está en combinación con los narcos y otros delincuentes.

Todo lo cual ha sido tolerado y hecho posible por la colusión de los sindicatos y autoridades universitarias que han sido omisas o cómplices o, en algunos casos, lucrado con los recursos y patrimonio de la UNAM e incluso beneficiado de los negocios ilícitos de las diversas mafias que operan en CU y otros campus. De otro modo, ¿por qué rectores van y vienen y no ponen orden? ¿Por qué prevalece el vacío de autoridad?

La ley orgánica de la UNAM estipula (artículo 9) que “el rector será el jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario” y, por ende, es responsable de la buena marcha de la institución y de la seguridad de su comunidad. Si bien después de los recientes crímenes (que van en aumento) el rector Enrique Graue dijo “que no le temblará la mano para hacer frente a los grupos delictivos”, no ha recuperado el auditorio Justo Sierra (hoy nido de violentos anarquistas) y, en general, ha sido incapaz en garantizar la seguridad de los universitarios. Graue rechaza la presencia policiaca en la casa de estudios, pero no tiene una estrategia inteligente y eficaz (que, si es necesario, recurre a la fuerza como lo hizo Juan Ramón de la Fuente) para hacer valer el imperio de la ley. ¿Hasta cuándo no le temblará la mano, señor rector?

ENTRETELONES

 La Facultad de Ciencias Políticas es uno de los focos rojos de la criminalidad.

Twitter: @evillarrealr