Teuchitlán

Por Fadlala Akabani

Basta tan sólo caminar por las calles de algunas ciudades de México y escuchar esa música que hace apología de la violencia del crimen organizado, y que se ha denominado “corridos tumbados”. Entre sus adeptos está mayoritariamente la gente joven, pero también adultos, que incluso ya son padres, corean las pegajosas líneas de las canciones creadas por Peso Pluma o Natanael Cano, jóvenes mexicanos que en sus letras dan cuenta del ascenso económico que se experimenta engrosando las filas del crimen organizado (CO) y se ensalzan las hazañas de líderes y capos enfrentando a las fuerzas federales. Se alude también al tráfico y consumo de drogas, así como a una vida no sólo llena de lujos, sino una donde la pobreza es un recuerdo vago.

Sin embargo, esta narrativa, que también abunda en producciones televisivas de plataformas de streaming, esconde una cruenta y abominable verdad detrás de la violencia generada por el CO, el reclutamiento forzado. Este modus operandi del CO devela lo que el conservadurismo mexicano mantuvo oculto durante la época neoliberal: comprueba el abuso al que los jóvenes fueron sometidos y, lo más peligroso, que las estructuras del CO, como enemigas del Estado mexicano, cualquier arma usada en su contra es válida, incluida la intervención de Washington. Una peligrosa carta abierta para ocupar nuestro territorio y matar a nuestra población.

Para implementar una política integral de integración de la juventud mexicana a la actividad económica, el diagnóstico del gobierno de México en el sexenio pasado (2018-2024) partió de la premisa de que los jóvenes mexicanos se integraban a las filas del CO debido a la falta de oportunidades. Es, entonces, una tragedia colectiva que esta juventud en búsqueda de oportunidades de superación acaba, involuntariamente, enrolada en las filas del CO.

Pese a la confusión que la oposición y los heraldos del viejo régimen alimentan en torno a una narrativa mentirosa, el pueblo de México está consciente de que el inicio de la violencia del narco fue en 2006 y estuvo precedido por un fraude electoral que contó con respaldo y aval de Washington; pues de por medio estaba la ambición sobre el petróleo mexicano. No olvidemos que Felipe Calderón pagó el favor e intentó una reforma energética (2008) privatizadora de la mayor riqueza nacional; que, sin embargo, no contó con el respaldo del PRI en el Congreso de la Unión. Bajo el marco de su falsa guerra a favor del Cártel del Pacifico, Calderón permitió la entrada de armas de alto poder con chips para ser rastreadas por las agencias de seguridad de EU, en la operación conocida como Rápido y Furioso. Con Peña Nieto la situación no cambió, la guerra, la violencia, las masacres y el dolor continuaron.

Con el triunfo de morena en 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó poner fin a la lógica de subordinación incondicional del régimen neoliberal hacia las disposiciones de Washington. Si bien hubo avances, al cambiar el enfoque y combatir una de las causas, la falta de oportunidades laborales para jóvenes mexicanos, respecto a la violencia y fortalecer las capacidades operativas, así como renovar el marco jurídico de la industria energética con un enfoque nacionalista, son aún retos pendientes.

Con el arribo de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, el Estado mexicano renovó sus esfuerzos en cuanto al combate de la violencia del narcotráfico respecto a la atención de las causas, pero también en cuanto al reforzamiento de la coordinación institucional en materia de seguridad pública; estos avances son reconocidos por el propio gobierno de EU y han sido la clave en la negociación arancelaria.

Si bien una de las tareas fundamentales de la 4T es alcanzar una paz en base a la justicia social, Teuchitlán puso el dedo sobre la llaga del drama que viven las familias de las personas desaparecidas. El 17 de marzo de 2025, la presidenta Sheinbaum anunció que para el gobierno atender el tema de la desaparición será una prioridad nacional. Será fortalecida la Comisión Nacional de Búsqueda, se reformará la Ley General de Población para consolidar la CURP como la fuente única de identidad, reformar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y transparentar el avance del caso con el objetivo de conocer la verdad, establecer una memoria histórica e impartir justicia.