Cuando la recaudación se disfraza de redistribución

La adecuada redistribución de la riqueza depende mucho más del gasto que de la recaudación.

La ministra Lenia Batres ha reabierto, tanto en el pleno de la Suprema Corte como en distintos espacios de opinión, el debate sobre la conveniencia de gravar las herencias. Sus argumentos son esencialmente tres: que diversos países lo hacen, que México ya lo hizo en el pasado y que los impuestos constituyen un mecanismo de redistribución de la riqueza. Ninguno de ellos resiste un análisis constitucional serio.

1) Muchos países gravan las herencias. Sí. En muchos países no existe el impuesto predial o el IVA, que sí existen en México. Enunciados así no aportan nada al análisis jurídico.

2) México ya lo hizo antes. Que México haya gravado las herencias en el pasado tampoco demuestra que deba hacerlo hoy. También gravó la existencia de puertas y ventanas. También negó el voto a las mujeres. Que algo haya sucedido en el pasado no legitima que ocurra en el presente. Por el contrario, que algo haya dejado de ser debería hacernos pensar dos veces antes de traerlo de vuelta.

3) Los impuestos son un mecanismo de redistribución de la riqueza. Este argumento es incorrecto en nuestro contexto constitucional. Analicémoslo.

En México, el pago de contribuciones es una obligación. Ésta se encuentra sujeta a limitaciones constitucionales: legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias, así como destino al gasto público. La redistribución de la riqueza no constituye un objetivo constitucional de la potestad tributaria. Es, en todo caso, un fin extrafiscal que, como cualquier otro, queda supeditado a esos límites.

La diferencia no es menor. Si bastara invocar la desigualdad para establecer contribuciones, los límites constitucionales perderían todo sentido, máxime tratándose de un objetivo tan amplio e indeterminado. Cualquier necesidad recaudatoria podría presentarse como un acto de justicia social. Entonces, citar la redistribución de la riqueza como sustento único de un tributo se acerca más a la demagogia que a una construcción jurídica; sobre todo cuando no existe creación de bienes, sino la simple transmisión jurídica de un patrimonio que ya fue gravado al momento de generarse, invertirse y/o ahorrarse.

Ahora bien, la adecuada redistribución de la riqueza depende mucho más del gasto que de la recaudación. Un Estado puede incrementar indefinidamente los impuestos y seguir siendo profundamente desigual si desperdicia recursos o los destina con fines clientelares. La redistribución necesita un gasto público eficiente, transparente y orientado a garantizar derechos y crear oportunidades. Como la propia ministra ha reconocido, el IMSS enfrenta graves carencias presupuestales. Educación, seguridad y justicia también han sufrido recortes o insuficiencias, mientras el gobierno ha destinado miles de millones de pesos a proyectos cuya utilidad social y económica sigue siendo cuestionada, como el Tren Maya o el AIFA. Si el objetivo es redistribuir riqueza, el primer llamado debería ser a revisar en qué está gastando el gobierno el dinero que toma de los contribuyentes.

Desde una perspectiva económica, el panorama resulta todavía menos favorable a la tesis de la ministra Batres. La intervención del Estado mediante la recaudación genera mayores distorsiones en el mercado que la intervención mediante el gasto.

Todo impuesto altera los incentivos de las personas. Un impuesto a las herencias desincentiva el ahorro, la inversión de largo plazo y la formación de patrimonio familiar. Millones de personas trabajan durante décadas con la expectativa de transmitir a sus hijos una vivienda, un negocio o el fruto de toda una vida de esfuerzo. Esa expectativa constituye uno de los motores más poderosos del ahorro y de la acumulación de capital. Debilitar esa transmisión significa afectar uno de los mecanismos más importantes para la estabilidad y la movilidad patrimonial de las familias, especialmente de las más pobres.

En consecuencia, gravar herencias tiene mucho menos incidencia en la redistribución de la riqueza que revisar el gasto público; genera mayores distorsiones económicas; e impacta en el desarrollo de las familias. Por ello, una propuesta de este tipo no me parece adecuada para los fines que dice perseguir.

Me parece, más bien, que la insistencia en gravar las herencias responde a una realidad mucho más preocupante: la intención del gobierno de ampliar la recaudación antes que revisar la eficiencia del gasto público. Ahí hay mucho más que hacer para reducir la desigualdad social.

Por eso, la discusión no debe ser si quienes más tienen deben contribuir más. Esa posibilidad ya existe dentro de un sistema tributario progresivo como el nuestro. La verdadera pregunta, ante un deseo genuino de redistribución, es: ¿por qué, antes de exigir una nueva contribución sobre un patrimonio ya gravado, el gobierno no revisa el gasto que está haciendo? ¿Por qué no administra con responsabilidad los recursos que ya recauda?

Un gobierno que busca nuevas fuentes de ingresos sin someter su gasto al mismo rigor con el que exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales corre el riesgo de transformar la potestad tributaria en simple voracidad recaudatoria. Con un gasto sin revisión ni límites, como el que hoy ocurre, se somete a las clases medias a mayores cargas tributarias, se dificulta a los pobres conservar el patrimonio familiar y se desincentiva el ahorro en toda la pirámide social.

La mejor política redistributiva no es un nuevo impuesto, sino un gobierno que deje de desperdiciar el dinero de los contribuyentes. Más impuestos y gastos sin control no logran redistribuir riqueza; sólo logran profundizar la pobreza.

* Presidente del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad.