CFE, la nueva empresa del Estado mexicano con carácter social

Por Manuel Calva*

El 31 de octubre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.

Con esta reforma constitucional, se modifica la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, cuyo objeto es regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las demás actividades del sector eléctrico.

El 4 de febrero de este año, la Presidenta de la República envió al Senado las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expiden, entre otras, la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (LEPECFE) y la Ley del Sector Eléctrico (LSE).

Actualmente, la CFE realiza las actividades propias de la industria eléctrica a través de nueve empresas productivas subsidiarias del Estado, y una empresa subsidiaria que presta el servicio de telecomunicaciones e internet para todos. La iniciativa contempla que la CFE mantenga un régimen especial en materia de empresas filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, bienes, responsabilidades administrativas, presupuesto y deuda e introduce en dicho régimen especial los aspectos de austeridad y sostenibilidad.

Las novedades que contiene la iniciativa de la LSE en relación con la Ley de la Industria Eléctrica son: se expide la Ley del Sector Eléctrico para regular la actividad con base en la prevalencia de la empresa pública del estado (CFE), garantizando al menos 54% de la generación anual; el aumento de capacidad para la generación distribuida (por ejemplo, los paneles solares que se instalan en las casas) de 0.5 MW a 0.7 MW; la simplificación administrativa para la obtención de los permisos de generación en la figura de autoconsumo interconectado cuando la capacidad de las centrales sea entre 0.7 y 20 MW; la regulación clara y transparente de los esquemas de inversión mixta y de producción a largo plazo, en los que los particulares y el Estado podrán participar conjuntamente; la inclusión del sistema de almacenamiento de energía y la electromovilidad; se incorpora el concepto de justicia energética para mejorar el acceso y bienestar energético de la población.

La solidez y fortaleza de las leyes en materia energética que se enviaron para su aprobación al Congreso de la Unión se reflejará en la solidez de la CFE y en la fortaleza del país.

En la iniciativa de LSE también se define el concepto de prevalencia contenido en la reforma constitucional. Como parte de la prevalencia de la empresa Pública del Estado (CFE) frente a los particulares en las actividades mencionadas, la iniciativa de la LSE contempla que la empresa pública debe mantener al menos 54% del promedio de la energía inyectada a la red.

La reforma constitucional y las iniciativas elaboradas y presentadas por la Presidenta de la República restituyen a la Comisión Federal de Electricidad el carácter social con el que fue concebida y permiten la participación de los particulares dentro de la industria eléctrica de una manera clara y transparente, garantizando la operación segura y confiable del Sistema Eléctrico Nacional.

Estas nuevas leyes, contienen reglas claras, piso parejo y permiten incentivar y regular a la inversión privada en el sector eléctrico. La CFE está preparada para enfrentar el reto de satisfacer las necesidades de energía eléctrica que demande el pueblo de México, frente a una nueva realidad geopolítica que tendrá repercusiones en el escenario económico mundial. Al tiempo.

*Abogado general de la CFE.