Desde la victoria electoral de junio de 2024 y la sobrerrepresentación que les regalaron el INE y el Tribunal Electoral, el gobierno de López Obrador y los legisladores de la 4T formularon una oferta a los jueces y magistrados federales que abandonaran sus cargos para darle vía franca a la reforma al Poder Judicial.
Eran días de protestas y paros en los juzgados. Al final, la reforma se impuso por aplastamiento y, sí, con el compromiso de pagarles, sin requisito alguno y mediante dos artículos transitorios, tanto una “indemnización constitucional” como una pensión complementaria a los 225 juzgadores que se apartaron. La primera sería de tres meses de salario, más 20 días por año de servicio prestado. La complementaria fortalecería sus pensiones del ISSSTE. Pero el régimen no les ha cumplido.
Ayer fueron a la Suprema Corte a dejar constancia del engaño: 100 no han recibido la indemnización y a 125 no les ha llegado la complementaria. Es una infamia. Un año tocando puertas.
La presidenta Sheinbaum ordenó atenderlos. Gobernación aseguró hace varias semanas ya que tendrían respuesta. El Órgano de Administración Judicial se burla de ellos. Además de ilegal, hay algo maligno en este proceder de un movimiento político que los acusaba de corruptos y no ha podido aportar una sola prueba que lo sustente.
Me costaría creer que detrás de ese trato miserable se esconda la mano de la Presidenta.