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Los “otros datos” para las mañaneras; un consejo fiscal para el Congreso

Cecilia Soto

Cecilia Soto

En mayo de 2017, la Congressional Budget Office (CBO, Oficina Presupuestal) del Congreso de Estados Unidos publicó un informe que contradecía los cálculos de una ley aprobada recientemente en la Cámara de Representantes —por cierto, por un margen muy estrecho— para acabar con la reforma en salud del presidente Obama, a través de la Affordable Care Act. Con apenas cinco meses en el gobierno, el presidente Trump quería acabar con la herencia política de su antecesor, que con las reformas en salud había aumentado sensiblemente la población asegurada.

La ley impulsada por Trump aseguraba que para 2026 el déficit presupuestal disminuiría en 151 mil millones de dólares. La Oficina Presupuestal del Congreso, una de las modalidades de Consejo Fiscal más reconocidas y eficientes, estimó que el déficit sólo disminuiría 119 mil millones y que lo haría disminuyendo la calidad y cantidad de los servicios de salud a los asegurados. Más importante, estimó que si en 2017 había 26 millones de estadunidenses sin cobertura de salud, con la ley aprobada en la Cámara baja, gracias a la mayoría que entonces tenían los republicanos, para 2018 los americanos sin cobertura de salud aumentarían a 41 millones y para 2026 a 51 millones.

La Congressional Budget Office (CBO) es una institución no partidaria, imparcial y altamente profesional que se estableció en 1975 para que el Congreso de Estados Unidos pudiera contar con información y análisis de calidad que le permitiera estar en igualdad de circunstancias con el Ejecutivo. Inicialmente, los análisis de la CBO se centraban en el Presupuesto, pero ahora hace análisis de mediano y largo plazos sobre muchas materias. Para asegurar su imparcialidad, la CBO no hace propuestas de políticas públicas, sólo da a los legisladores instrumentos para que ellos las hagan.

En 2016 y 2017, la LXIII Legislatura de la que formé parte llevó a cabo varios seminarios en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de crear un Consejo Fiscal que diera mejores instrumentos de decisión a los legisladores, dado que, con una excepción, los institutos que la asesoran cayeron en la práctica de “las cuotas y los cuates” y proporcionan una información de calidad muy mediocre. Interesantemente, la CBO de EU (una variedad de Consejo Fiscal) no pudo asistir al seminario porque sus integrantes tienen prohibido aceptar viajes de gobiernos extranjeros. Copadas las Comisiones de Hacienda y Presupuesto por la mayoría priista y sus aliados, no se pudo progresar en los varios intentos por redactar una iniciativa que tuviera oportunidad de ser aprobada. En la Constitución de la Ciudad de México sí quedó aprobada una oficina presupuestal con las características mencionadas, pero el Congreso local no se ha preocupado por crearla.

En la reciente aprobación del Insabi en el Senado y en la Cámara de Diputados, los legisladores contaban con la valiosa información del Inegi y la retórica de los impulsores de la iniciativa, magra y pobre en cifras y proyecciones. Los legisladores carecieron de una asesoría que, como la CBO, les proyectara de aquí a 2030 cuáles serían las consecuencias de las principales líneas de acción de la reforma en Salud que creó al Insabi. ¿Qué problemas solucionaría la propuesta? ¿Cuáles no podría remediar? ¿Cuánto requeriría crecer el presupuesto para cubrir lo que prometía el Ejecutivo? ¿Podría contarse a futuro con esos recursos extra sin una reforma fiscal? ¿Cómo se financiaría el Insabi y cómo se sustituirían los fondos del Seguro Popular? ¿Por qué la iniciativa excluía la gratuidad en las enfermedades que requerían alta especialidad? ¿Qué consecuencias habría al revertir la descentralización iniciada en 1985 para volver a la centralización? ¿Qué países que inspiraron la reforma cuentan con un sistema centralizado? ¿Saben los legisladores que los institutos de tercer nivel, joyas de la medicina pública, sobreviven gracias al cabildeo de sus directores con fundaciones nacionales e internacionales para conseguir donaciones porque su presupuesto no alcanza? ¿Hablaron los legisladores con los secretarios estatales de Salud? Un Consejo Fiscal hubiera permitido un mejor proceso legislativo y, por tanto, una mejor iniciativa.

Una nota final. Varias entidades federativas han hecho público que no se adherirán al Insabi. Se les ha dicho que, en ese caso, sólo recibirán los mínimos fondos federales a los que tienen derecho. Es importante aclarar que tienen derecho a esos fondos y a todos los fondos del Seguro Popular a los que contribuyeron ciudadanos de sus estados, pues son fondos asociados a familias inscritas. Una de las ventajas de ser un estado federado y no unitario, como en la práctica se pretende, es la posibilidad de innovar y atender a diferencias locales. Entre más cerca del problema esté el tomador de decisiones, mejor. Al revés no funciona.

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