El acuerdo con el BID: bueno, pero poco

El acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID-Invest es una buena noticia. Si se le compara con la tajante negativa del gobierno federal de intervenir para salvar el empleo formal, es una magnífica noticia, no por el monto —más bien magro— de la operación, sino por la señal de energías de la sociedad que se moviliza para encontrar rodeos, caminos alternos, puentes que permitan salvar a la mayor cantidad de empresas de la debacle económica que se aproxima.

Los expertos optimistas ruegan por una crisis en forma de L, una caída drástica seguida por una recuperación lenta, tibia y lineal. Los expertos más realistas la esperan en forma de J, una caída profunda y prolongada. En Palacio Nacional le prenden veladoras a la V por la Guadalupana y por la forma menos dañina de la crisis, una caída y una recuperación rápidas. Independientemente de las preferencias letradas, todo apunta a una tormenta perfecta para la economía mexicana como consecuencia de la debilidad económica en 2019 y de las medidas nacionales e internacionales necesarias para moderar la pandemia: una caída anual de entre el 6 y el 12 por ciento.

En medio de este panorama desalentador, el Consejo Mexicano de Negocios, que reúne a las 54 empresas mexicanas más importantes del país, busca potenciar un mecanismo que el BID-Invest viene probando en México desde 2016. La filial empresarial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometió ese año US$300 millones para que empresas grandes —menos de 10 hasta el acuerdo de hace unos días— pudieran agilizar los pagos a sus proveedores certificados, de tal manera que estos no tuvieran que esperar los 30, 60, 90 y hasta 120 días que las empresas tardan en pagar. Las empresas proveedoras presentan una factura en la plataforma electrónica hospedada por el BID-Invest. La empresa ancla la reconoce ante el BID-I y éste paga con un descuento (TIE más 100 o 200 puntos). A esto le llaman factoraje inverso.

Desde 2016, esas empresas han recibido créditos revolventes de factoraje de entre US$16 millones y US$50 millones cada una en promedio. Cemex, por ejemplo, recibió en enero de 2018 un préstamo de US$50 millones para una lista aproximada de 350 proveedores. Mabe recibió también una facilidad de US$50 millones para una lista de 40 proveedores. El objetivo era (y es) reducir la espera por el pago de 120 días a 30 días.

El acuerdo reciente con el CMN busca multiplicar por 10 este arreglo. En vez de beneficiar a 10 empresas, el CMN quiere subir a este esquema a, por lo menos, 100 empresas. En vez de beneficiar a unos 3,000 proveedores que ya venían utilizando los servicios de factoraje, alcanzar a, por los menos, 30 mil. Lo único que no se multiplica por 10 son los recursos que invierte el BID-Invest. Estos suben de US$300 millones a US$550 millones. Y es entendible, el brazo para negocios privados del BID maneja una cartera de sólo US$12,400 millones. Los socios del convenio, CMN y BID-Invest, buscan completar hasta US$3 mil millones, convenciendo de este esquema a la banca privada y a la banca de desarrollo, esta última con mucha experiencia en factoraje.

¿Cómo se alcanzan los US$12 mil millones que acapararon titulares? Suponiendo que idealmente se lograran operaciones de factoraje por US$3 mil millones cada 120 días, se alcanzaría esa cifra en un año.

Se trata de una carrera contra el tiempo. Para poder participar en el esquema las empresas deben ser parte de las listas de proveedores certificados de las empresas ancla. El financiamiento es contra servicio o venta realizados y, por tanto, no cubre la disrupción de las operaciones causada por la parálisis económica. Cada día que pasa se interrumpen y dislocan las cadenas de valor de las empresas grandes y de todos tamaños. Proveer capital de trabajo asequible y barato es fundamental, de ahí que sea vital que el Banco de México continúe bajando la tasa de referencia.

En general, los proveedores de estas grandes empresas no caben en la clasificación de una pequeña empresa, aunque en sus boletines de prensa las mencionen. Este mecanismo protege a las grandes y medianas, pero ahonda la desigualdad de recursos y condiciones para defenderse de la crisis con las verdaderas pequeñas empresas. ¿Qué hacer? ¡Que cunda el ejemplo! Bajar a tierra y buscar esquemas semejantes con las organizaciones empresariales en las que sí hay mipymes. ¿Qué tal si se implementa la propuesta de la Coparmex de “adoptar una pyme”? ¿Qué tal si grandes y medianas empresas cuidan a su cadena de proveedores como la niña de sus ojos, reduciendo el periodo de pago, perdonando rentas por dos meses, buscando esquemas de factoraje con la banca? Hablamos de empresas proveedoras, pero pensemos que se trata de hombres y mujeres, cabezas de familia, mexicanos y mexicanas de bien. ¡Cuidémoslos!