El escándalo en torno a Guadalupe Taddei no terminó con su renuncia al Instituto Nacional Electoral. Esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. A esas acciones se suman las revisiones de contratos que abarcan distintas administraciones del INE. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido llegar al fondo del asunto, sin encubrir a nadie. Quien haya traicionado la confianza del pueblo tendrá que responder por sus actos.
Según la investigación presentada por la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas participaban en las mismas licitaciones como si fueran competidoras, aunque compartían intereses y coordinaban sus ofertas para decidir cuál obtendría el contrato. La aparente competencia ocultaba que el dinero terminaba en las mismas manos. A ello se sumaba el coyotaje de proveedores que ni siquiera fabricaban los materiales que vendían. Las nuevas revelaciones obligan a revisar cómo se permitieron estos negocios y cuáles fueron los controles que fracasaron para que pudieran continuar durante distintas administraciones.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión de las contrataciones del antiguo IFE, del INE y de los organismos electorales locales entre 2000 y 2025. Además, el Consejo General solicitó examinar integralmente sus adquisiciones de 2016 a 2026. Se abre así la posibilidad de identificar quiénes autorizaron los contratos, bajo qué condiciones y cómo se concentraron en los proveedores hoy investigados. Frente a la consigna opositora de que “el INE no se toca”, conviene remarcar que ninguna institución está por encima del escrutinio público. Su autonomía debe protegerse, pero nunca servir de pretexto para solapar corruptelas.
Para cerrar el paso al coyotaje, la primera mandataria anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público que imprime las boletas electorales. Dicha propuesta contempla modernizar sus equipos e incorporar a más dependencias e instituciones académicas en su órgano de gobierno, con la ASF como observadora. También se plantea adquirir materiales como urnas y mamparas directamente a fabricantes mexicanos. Fortalecer la producción pública y abrir las compras a quienes realmente producen puede reducir los costos y quitarles negocio a los intermediarios que durante años se beneficiaron de estas contrataciones.
La respuesta también marca una diferencia sustancial en la forma de ejercer el poder. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, la protección de los propios pesó demasiadas veces más que la obligación de esclarecer los abusos. Se trataba a los escándalos como meros problemas de imagen y se buscaba contener su costo político. Frente al caso Taddei, la línea de la presidenta Sheinbaum ha sido investigar, hacer pública la información y exigir responsabilidades, tanto las políticas como las jurídicas. Esa es la conducta que corresponde a un gobierno comprometido con combatir la corrupción, incluso cuando las revelaciones resultan políticamente incómodas.
También deben revisarse las actuaciones de los titulares de los organismos electorales locales y de los funcionarios y proveedores que hayan acumulado poder, y contratos desde las gestiones de Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova. Si hubo una red de complicidades que sobrevivió a distintas administraciones, sus responsabilidades no pueden reducirse a la gestión de Taddei.
Llegar al fondo exige identificar a quienes autorizaron esos negocios y permitieron que continuaran. Ningún exconsejero ni antiguo alto funcionario puede quedar fuera de las indagatorias, ni por el “prestigio” que le atribuyan sus defensores ni por su participación actual en partidos políticos recién constituidos. Quienes administraron el dinero de nuestra democracia tienen la obligación de rendirle cuentas al principal sujeto activo de ésta, que es el pueblo de México.