Bicentenario: ¿quién tiene la concesión?

Hemos visto las actas de entrega de los tramos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al gobierno del Estado de México donde se autoriza que la SCGEM (siglas de la Secretaría de Comunicaciones) a través de su Junta de Caminos, para que regule el tránsito en los diferentes tramos municipales por donde pasa la carretera México-Querétaro desde el límite con el Estado de México hasta Tepotzotlán, donde está la caseta.

En cada acta se establece el permiso con la condición de que se obliguen a mantener y conservar las carreteras, pero ningún acta otorga concesión para operar el tramo o cobrar el peaje y, como dicen los ministros de la Corte, “lo secundario corre la suerte de lo principal”.

También es evidente que las entregas no están muy bien documentadas porque en el temblor de 1985, desapareció una gran parte de los archivos documentales de la SCT, todas son copias, no hay originales, pero la disputa actual entre la SCT y el gobierno del Estado de México es real y no ficticia. Por ello en ambos lados se aprestan a mostrarse sus documentos y a ir hasta las instancias legales para el reclamo, que por cierto, no afecta al concesionario OHL, ni los contratos del mismo porque de ganar la Federación, el Edomex tendría que asumir el pasivo, y si pierde, pues se tendría una mayor claridad sobre la calidad de este tramo carretero.

Se comenta que uno de los que coadyuvó a realizar la investigación que la SCT hizo en 2007, cuando todavía era titular Luis Téllez, y se tenía que revisar la concesión que otorgó el gobierno mexiquense a OHL, era Diego Tinoco, hoy asesor legal de Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones del Estado de México.

En el Edomex se comenta que el “derecho de vía” es de ellos desde hace como 30 años, es decir, por allá de 1980 y quien autoriza la instalación de postes, cruces, puentes y reparación de caminos, entre otros, es el gobierno mexiquense y los municipales, pero en la SCT argumentan que el derecho de vía está documentado a favor de la Federación, lo mismo para carriles centrales que laterales.

¿Dónde? En los Decretos de Expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas, entre otras, 14 de febrero de 1959, 23 de julio de 1959, 13 de octubre de 1965; 11, 13, 15 y 27 de diciembre de 1965; 16 de enero de 1966; 29 y 30 de marzo de 1966 y así hasta el 21 de octubre de 1976,  documentos que no desaparecen y prueban propiedad federal, porque el Edomex no los adquirió, y recuerde que los inmuebles federales son inalienables e imprescriptibles conforme a la Ley de Bienes Nacionales.

Al tramo de referencia evidentemente se lo comió la mancha urbana, pero en este tema como en el que le comenté ayer, ¿no sería mejor que ambas partes se sentaran a buscar opciones de solución a los temas que tienen pendientes? Ahí tienen los reclamos de incumplimientos realizados al Estado de México en el proceso de desarrollo del Tren Suburbano (rutas alimentadoras del Tren Suburbano I y aportación de recursos para el Tren Suburbano III).

En la disputa pareciera que el que puede perder es el Estado de México, pues hay precedentes como el que en materia de vías generales de comunicación se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Juan Silva, en la controversia constitucional entre la SCT y el gobierno de Chihuahua de 2003, donde el fallo fue a favor de la Federación, y mire, fue igual, un tramo de carretera federal que se lo comió la mancha urbana.

De Fondos a Fondo

Sorprendió a todos el que se diera a conocer la denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda, que encabeza Ernesto Cordero, a través de la Procuraduría Fiscal, de Javier Laynez contra quien resulte responsable (lo que puede incluir a algún funcionario de la misma dependencia), por la falsificación de documentos realizada por representantes de la Administración anterior del gobierno de Coahuila, para garantizar líneas de crédito otorgadas por bancos y, que no fueron aprobadas en su momento por el Congreso estatal para ser pagadas por participaciones federales.

Sorprendió porque la denuncia es penal y fue presentada ante la PGR en el DF el 1 de julio, pues el hecho se descubrió por ahí de marzo-abril, cuando un banco quiso ejercer la garantía de pago contra participaciones y ahí brincó que el contrato y el documento que señalaban al decreto 308 del Congreso del Estado, no correspondía en la Gaceta Oficial del Estado, a la autorización del Legislativo para que el gobierno pudiera contratar la deuda y pagar con participaciones federales.

Hubo presión para hacerla pública, aunque el momento escogido, la plenaria del PAN en Michoacán, es lo que ha generado escozor.

El decreto 308 era, según las pruebas documentadas, un decreto que correspondía al nombramiento del contralor interno del estado. Se ha hecho una revisión general y parece que es el único caso, pero se busca que el precedente no contamine a otros para que el crédito bancario siga fluyendo a estados y municipios.