Seguridad y Distrito Federal
Un gobierno de izquierda debería fortalecer su lucha contra la desigualdad social, distribuyendo de forma equitativa los recursos a través de políticas que garanticen la seguridadde sus habitantes, como una forma de desarrollo integral y sustentable de la sociedad.
En el Distrito Federal, un tema que tendrá ocupado al actual gobierno capitalino es el de la inseguridad pública, porque aun con los operativos de la Conago, no se ve que los delitos de orden común disminuyan, por el contrario, se han incrementado.
Lo confirman los datos emitidos por los órganos oficiales de Seguridad Pública y, ahora, la Asamblea Legislativa, por medio del reporte elaborado por la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, en donde, a decir de su presidente, los delitos de orden federal y común (535.7 denuncias diarias en 2010), se incrementan por la fallida estrategia federal, pero el incremento de los segundos y del consumo de drogas tiene que ver más con una errónea política local estatal y delegacional, incluso con una falta de democracia y división de poderes efectivos para gobernar el corazón del país.
El DF, hasta hace cinco años, sustentó su política de seguridad pública en la coordinación y el fortalecimiento de la prevención del delito; además, la participación delegacional, conforme ha pasado el tiempo, el gobierno actual la ha ido concentrando prácticamente en todo lo que se refiere a la política de prevención y las acciones punitivas, incluso, hasta las adquisiciones de cámaras y patrullas se hacen de forma centralizada, con el pretexto del ahorro presupuestal pero, en realidad, es una forma de mantener el control y los apoyos que, de forma discrecional, se acercan a cada delegación, dependiendo de la filiación política o del grupo político al que pertenezca el jefe de demarcación dentro del PRD.
La afirmación se deriva, en primer lugar, de la simple revisión de números presupuestales que aprueba cada año la Asamblea Legislativa del DF. Por ejemplo, para el Distrito Federal, este año, se aprobó un monto de 137 mil 012 millones 501 mil 104 pesos, y de ese recurso se destinaron un total de 11 mil 450 millones734 mil 863 pesos a seguridad pública (siete mil 256 millones 415 mil 001 pesos para las corporaciones policiacas) y cuatro mil 567 millones 570 mil 425 pesos a la Procuraduría.
Este recurso lo maneja el jefe de Gobierno de forma centralizada, pero se le suma el recurso complementario que cada delegación tiene que aportar si quiere “policía de excelencia” para brindar seguridad preventiva a sus ciudadanos porque, en el Distrito Federal, a diferencia de los estados de la República, ya existe en la práctica el mando único, ya que la policía se encuentra bajo el mando central y cada delegacional tiene que pedir “el favor” de que le destinen determinada fuerza policiaca.
Ahora bien, si revisamos los números por delegación, nos daremos cuenta de cuánto influye el peso político para la distribución del recurso del erario. Así, tendremos que delegaciones muy similares en población, como la Cuauhtémoc con 475 mil 726 habitantes y la Venustiano Carranza, donde hay 430 mil 978 (según datos del más reciente Censo del INEGI), son muy desiguales en presupuesto aprobado por la ALDF: dos mil 112 millones 872 mil 264 y mil 554 millones 129 mil 027 pesos, respectivamente.
Otro dato dispar es el de Iztapalapa y Gustavo A Madero. La primera demarcación tiene una población de un millón 617 mil 859 y, la segunda, un millón 072 mil 114 habitantes, con presupuestos de tres mil 173 millones 121 mil 929 y dos mil 715 millones 534 mil 620 respectivamente.
Así podríamos seguir comparando los datos de donde gobiernan el PAN y el PRI en proporción de aquellos donde manda el PRD y los resultados seguirían dándonos mucha luz de por qué en algunos lugares se puede hacer más por la seguridad pública que en otros.
El problema no es menor porque, precisamente, un gobierno de izquierda debería fortalecer su lucha contra la desigualdad social distribuyendo de forma equitativa los recursos para el desarrollo de sus comunidades a través de políticas públicas que garanticen la seguridad pública de sus habitantes como una forma no sólo de vivir en paz y armonía, sino como una forma de desarrollo integral y sustentable de la sociedad. Sin seguridad pública no hay productividad, ya que la inversión huye de los lugares en donde son cotidianas la comisión de delitos y la impunidad, aun cuando, en proporción con los 31 estados de la República, este lugar tiene el mayor número de elementos policiacos. Sin lugar a dudas, el problema de la inseguridad y la falta de una política preventiva, junto con otros problemas que iremos revisando poco a poco, serán determinantes para los resultados hacia 2012.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM