No al chantaje

La democracia obliga a acuerdos. Corrijo, la democracia es un acuerdo al que se llega mediante el diálogo y la confrontación de ideas, sin olvidar la preeminencia de principios. Desde luego, hay que ceder en el afán de que la otra parte haga lo mismo. Desde luego, no se trata de que unos obtengan todo y otros no reciban nada. La mejor negociación es aquella en la que todos crean que se han llevado la mejor parte. El meollo del asunto está en precisar lo no negociable. De no hacerlo, en lugar de una concertación racional, se está ante un chantaje que no puede permitirse. Desde 1943, Alfonso Reyes precisó en su Cartilla moral lo que está sujeto a negociación y lo que corresponde a lo que algunos autores llaman coto prohibido:

“La educación moral, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas las nociones: en saber qué es lo principal, en lo que se debe exigir el extremo rigor; qué es lo secundario, en lo que se puede ser tolerante; y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente”.

En el debate político actual ha hecho falta, en todos los partidos, acatar este mensaje. Por ello la discusión ha carecido de orden y no se han jerarquizado las cuestiones trascendentes. No se puede ceder ante la deshonestidad, no se puede ceder ante la opacidad, no se puede ceder ante la impunidad. Lo hemos dicho, el mayor mal de la sociedad mexicana es la condescendencia con la deshonestidad.

El viejo sistema político mexicano no requería la concertación. De hecho, no había división de poderes. El Presidente de la República, en su doble papel de titular del Ejecutivo y jefe del partido mayoritario en el Congreso, podía sacar adelante todas sus propuestas. La oposición ganaba el debate, pero perdía la votación.

Con una democracia incipiente y un sistema disfuncional que no incentiva el acuerdo entre órganos del poder, México se ha visto acotado para lograr los cambios que las políticas públicas requieren en el afán de impulsar el desarrollo. Recordemos lo que la Constitución señala: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial” (art. 49).

A partir del 1 de septiembre el Congreso discutirá reformas trascendentales. Se tiene que partir de un principio elemental: cada iniciativa debe ser discutida en sus méritos. Esto es, no contaminar los temas económicos con los políticos; no condicionar la aprobación de una reforma a cambio de concesiones inaceptables. La democracia parte de lo que Mariano Otero llamaba el “Acuerdo en lo Fundamental”. Si esto no se da, el debate es estéril y ocioso.

El presidente del PRI, con el mayor descaro, amenaza con no discutir lo que ya está en la agenda y que debe ser abordado por mandato constitucional (art. 72), si no se aumentan los apoyos económicos a los estados. Peor aún, las entidades ni siquiera intentan aumentar sus fuentes de ingreso. Bien podrían hacerlo a través del impuesto predial, renglón en el que México es, dentro de los países de la OCDE, el país que menos recauda por este concepto.

Inclusive algunos gobernadores han incurrido en la irresponsabilidad de cancelar ingresos propios, exigiéndole a la Federación más recursos. De esa manera se ostentan como generosos ante sus contribuyentes.

Además de haber serias denuncias de cooptación, todavía se dan casos, como el de Coahuila, en que el Ejecutivo puede contratar créditos sin la autorización del Legislativo. Fortalecer la función de supervisión y control de las finanzas públicas de los congresos locales es una de las muchas asignaturas pendientes en nuestro proceso de consolidación democrática.

Ninguna democracia se perfecciona si la ciudadanía no toma conciencia de asuntos que a todos atañen. En el proceso de contienda política que culminará con la elección del año próximo, el pueblo de México deberá castigar a quienes es evidente que han hecho mal uso del poder.