Derecho de manifestación y libre tránsito
Cuando se producen embotellamientos de gran magnitud los primeros señalados como culpables son los policías.
Humberto Musacchio
La República de las letras
Ayer, miércoles de 10 de agosto, la ciudad de México, por lo menos una parte muy grande de ella, quedó paralizada: innumerables citas de negocios se cancelaron, hubo ambulancias con lesionados a bordo que nunca pudieron alcanzar un puesto de socorros, gente que llegó tarde a su trabajo o a la escuela, vehículos que se sobrecalentaron y quedaron varados complicando aun más el tránsito y aumentando las pérdidas económicas de la jornada.
Embotellamientos como el vivido ayer tienen costos de todo tipo. Por fortuna la capital tuvo un cielo claro y los vientos impidieron que la contaminación se disparara a niveles peligrosos para la salud, pero a lo anterior hay que agregar hechos no cuantificados hasta ahora, como la desgastante tensión nerviosa, la tardanza en llegar al lugar de destino a tomar medicamentos o practicarse curaciones, la comida a destiempo y otros efectos perniciosos del retraso.
Cuando se producen embotellamientos de gran magnitud los primeros señalados como culpables son los policías, que se convierten en el enemigo inmediato, blanco de toda clase de improperios en tanto que exhiben su ineptitud, su desgano, su indiferencia ante la crispación ciudadana.
Es igualmente perjudicial para las autoridades el efecto político de un fenómeno de interrupción masiva y generalizada del tránsito, pues se evidencia que las autoridades no cuentan con fórmulas y mecanismos de respuesta que den fluidez al tránsito aun en condiciones como las señaladas, que son comunes en las grandes ciudades de todo el mundo.
Como generalmente son manifestaciones de protesta las que causan estos desórdenes, muchos ciudadanos acaban por considerar casi como un delito el legítimo ejercicio de un derecho constitucional. Tenemos ya muchos años escuchando la misma cantaleta: “Deberían prohibirse las manifestaciones”, “Ya estuvo bien de escándalos en las calles”, “Mejor deberían irse a causar molestias en su casa”.
La víctima de los embotellamientos reprueba las manifestaciones y rara vez se pregunta por qué se realizan y menos aún advierte que en el fondo de estas protestas callejeras están los abusos o las omisiones de la autoridad, la incapacidad de los gobiernos federal y local para dar respuesta a los reclamos y para satisfacer las demandas. A mayor ineptitud gubernamental, más inconformidad ciudadana y mayores y más continuas protestas.
Sería impensable negar a los ciudadanos el derecho a la protesta, pero para una convivencia sana éste ha de conciliarse con el derecho al libre tránsito por nuestras ciudades. Durante muchos años, los gobiernos priistas hicieron mofa de los derechos constitucionales, en especial el derecho de manifestación, que más de una vez fue impedido con lujo de violencia, con saldo de muertos y heridos, e incluso encarcelamientos prolongados. Después de esa negra experiencia, nuestros legisladores no quieren entrarle al asunto por temor a que los señalen como represores.
Sin embargo, hace tiempo que debió legislarse para que el ejercicio del derecho de manifestación se garantice sin atropellar al de enfrente. Se antoja indispensable que los gobierno federal y local, que los partidos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Poder Legislativo Federal tomen cartas en el asunto. Si proceden con ánimo de servir, nadie los acusará de represores por reglamentar y garantizar el ejercicio de los derechos. Por el contrario: darán respuesta a una demanda y hasta ganarán votos y legitimidad. ¿No es eso lo que quieren?
*Periodista y autor de Milenios de México