PGR sin rumbo
La procuración de justicia ha operado por décadas bajo un esquema vertical, autoritario y de subordinación a las directrices oficiales, supeditada a criterios políticos y, entre sus consecuencias, está el atraso en capacidad de investigación.
José Buendía Hegewisch
Número cero
Es sintomático del estado de inseguridad y del periodo de mayor violencia en la historia reciente del país que el órgano federal encargado de perseguir los delitos se perciba como una institución muy debilitada. Desestructurada, descabezada y ninguneada, dicen algunos, y hasta “podrida”, como llegó a decir hace años el ex procurador General de la República Jorge Carpizo, cuando el crimen no había alcanzado ni de lejos la dimensión que cobraría más tarde en la vida e instituciones del país.
No sólo la remoción o el cese de funcionarios es lo que genera la imagen de que la PGR “hace agua”, sino la falta de rumbo para rescatar a este aparato de justicia cuyo papel es crucial para combatir al crimen. Otra vez, esta semana se anunció la “depuración” (o renuncia) de funcionarios de primer nivel en 21 estados del país, sin explicación clara sobre las razones de los cambios y sin acompañarse de un plan de transformación institucional para evitar que periódicamente se recurra a las “limpias” para mostrar que “algo se hace” contra la corrupción a su interior. Ya es el último tramo del sexenio, se dirá.
La “depuración”, como justificó la procuradora Marisela Morales, es “fundamental” para dar los resultados que la ciudadanía exige. Así explicó la renuncia que presentaron sus delegados en 21 estados y que, según unas versiones, prefirieron salir, antes que ser removidos a otra entidad, o, de acuerdo con otras, se fueron porque estarían dentro de los más de 400 funcionarios que la procuradora anunció el mes pasado que eran investigados dentro de un proceso de renovación y depuración institucional. Nadie cuestiona la aplicación de controles internos y la persecución de funcionarios ineficientes o corruptos, el problema es la falta de mecanismos que impidan su reproducción a pesar de las “purgas” recurrentes.
La “limpia”, sin otros cambios institucionales, es insuficiente contra la corrupción y para la mejora del desempeño, como demuestra la experiencia de esta administración. Es la segunda vez que recurre a este método en los últimos tres años desde que en 2008 cerró la “Operación Limpieza” con la detención de 25 funcionarios acusados de vincularse al crimen organizado, entre ellos el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano.
El problema de fondo es que esta política no se refleja en resultados como en la incidencia de los delitos, que en lo que va de la administración ya superan al nivel que se alcanzó en el gobierno de Fox. Según datos del SNSP, hasta junio se reportaron 596 mil 418 delitos federales, superior a los 508 mil 088 del sexenio pasado. La ineficacia para investigar el delito ha sido notoria en escándalos con “tintes” políticos como la detención y posterior liberación por falta de pruebas de una treintena de alcaldes en Michoacán previo a los comicios de 2009, o, recientemente, la aprehensión y puesta en libertad del ex alcalde “priista” de Tijuana, Jorge Hank Rhon, también en el marco de un proceso electoral: el del Estado de México.
La procuración de justicia ha operado por décadas bajo un esquema vertical, autoritario y de subordinación a las directrices oficiales, supeditada a criterios políticos y, entre sus consecuencias, está el atraso en capacidad de investigación. Éste no es sólo un problema de personas, ni se resuelve sólo con la aplicación de exámenes de confianza. Exige cambios institucionales como dotar a la PGR de autonomía, para separarla de decisiones ajenas a los procedimientos de la administración de justicia. La función de investigación del MP, por ejemplo, implica acuerdos y lineamientos que impidan que los agentes las llevan a cabo en forma arbitraria, anárquica o para responder a expectativas del Ejecutivo.
Por supuesto que los controles a funcionarios que se pueden corromper son fundamentales para la salud de toda institución de justicia, pero los cambios constantes afectan la dinámica de trabajo, interrumpen programas y suponen curvas de aprendizaje de nuevos funcionarios que llevan a diferir la toma de decisiones. La inestabilidad institucional es otro de los elementos que la debilitan y le restan eficacia cuando más necesaria es para llevar a los criminales a la cárcel.
En la Cámara de Diputados hay iniciativas que, desde hace años, proponen dotarla de autonomía técnica, funcional y hasta orgánica, como condición para que no dependa del “clima político”. Sin embargo, en vez de dar independencia a la impartición de la justicia, parece más conveniente mantener el control y hacer purgas de vez en cuando.
*Analista político