Impotencia

El ultimátum del poeta Javier Sicilia a la Procuraduría Federal y a la de Morelos para esclarecer la ejecución de su hijo y otras seis personas en ese estado, se suma a otros llamados al “ya basta” habidos estos años contra la violencia y la impunidad.

Así lo pidió, en su momento, Fernando Martí con aquel “si no pueden, que renuncien” o los familiares de la defensora de derechos humanos  Marisela Ortiz, asesinada en Chihuahua, sin que en ningún caso derivaran en la salida de nadie o en la revisión de las estrategias de seguridad. Como otras veces, el multihomicidio de Morelos del lunes pasado enciende la convocatoria civil a una “marcha nacional” para exigir resultados a la autoridad en un plazo de 15 días.

Si los primeros llamados sacudieron al gobierno y a la opinión pública, el riesgo de repetirlos sin efecto es que se vuelvan –como la canción—el “eco adormecido del lamento” por la pérdida del respeto y protección a la vida. Sicilia sabe que su grito puede caer en el vacío y por eso lo acompaña con la apelación a la “ética” de los criminales para proteger la vida de los civiles. El mundo al revés.   “Vuelvan a sus códigos; sus pleitos, su búsqueda de estar en el mercado es otro problema, pero a la ciudadanía tienen que protegerla”, les ha dicho.

El llamado a la “conciencia” de la delincuencia eleva otro peldaño de la desesperación y la impotencia que deja el vacío de la autoridad frente a la violencia. Y expresa también el escaso impacto de las manifestaciones de rechazo de la sociedad civil contra la inseguridad.

La violencia adormece y seda la capacidad de indignación de la sociedad civil, cuyas movilizaciones y otras acciones han sido intermitentes y tardías para  frenar ya no sólo la muerte de civiles sino de los propios defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana anunció esta semana la creación de una relatoría para defensores de derechos humanos ante el aumento de amenazas, asesinatos y desapariciones en América Latina. México, como en los tiempos de la “guerra sucia” de los 70 y la violencia contra activistas en los 80, ha regresado a estar en la mira de la observación y el examen internacional en esta materia.

La violencia borra los referentes y desgarra el tejido social, socava valores y reduce las identidades al mundo maniqueo de víctimas y victimarios. Es causa y efecto de la ruptura de la cohesión social y el fracaso de las instituciones para asegurar la convivencia. Trastoca los referentes a tal punto que la autoridad, antes de aceptar su incompetencia, llega a proponer militarizar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan como hizo también esta semana el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Propuestas como esa son una clara muestra de la potencia de la violencia para disolver las ideas y, lo peor, es que pudiera llegar a parecer razonable que el Estado renuncie o postergue al infinito la responsabilidad de educar y crear empleo; que se prefiera estigmatizar a los jóvenes y alimentar la deserción en el Ejército antes de construir oportunidades para ellos. Tan descabellado como esto resulta esperar que el crimen se ocupe de cuidar la paz.

La escalada de la violencia en el país en los últimos tres años ha sido tan acelerada, como la incapacidad del gobierno de dar resultados o replantear la estrategia de la lucha contra el crimen. El Ejército y la Marina permanecerán en las calles, asegura la secretaría de Gobernación, para proteger a los ciudadanos cuando éstos, incluso, comienzan a demostrar mayor confianza en los criminales.

En los últimos tres años la ruptura de la paz social es inocultable en varias zonas del país. Entre 2007 y 2010 México descendió 28 lugares en el Índice Global de Paz, del Instituto para la Economía y la Paz, organización independiente que analiza la relación entre la paz y el desarrollo económico. Una ecuación, por cierto, ausente de la estrategia de operativos policiacos y militares que, en esos mismos años, ha disparado los niveles de violencia en las zonas del país donde se han implementado.

Y a pesar de los llamados a revisar el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, la respuesta oficial reitera que puede sobrevenir más violencia y que ello es un indicador de que la estrategia sí funciona. Tan sólo esta semana el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas pidió al gobierno federal retirar a los militares de las operaciones de seguridad pública para prevenir desapariciones forzadas, pero la respuesta que obtuvieron fue una vez más que la violencia seguirá para no dejar a los ciudadanos a merced del crimen.

 *Analista político

 jbuendiah@gmail.com