¡Ya basta!

Desde hace varios años la frase ha sido reiterada y se dirige, fundamentalmente, al gobierno, sin que uno mismo se asuma como parte de la solución.

Sin lugar a dudas que al Gobierno del DF, a los municipios, estados y Federación, desde la sociedad les decimos “ya basta” de tanta violencia y delincuencia que amedrenta a todos; puesto que es inconcebible que en la comisión de los delitos exista una participación o colusión de miembros de las instituciones de seguridad pública municipales y estatales, principalmente, que debieran servir a la sociedad precisamente.

La desesperación y expresiones de “ya basta” de la sociedad se deben al descontento y temor generalizado que padece, porque continúa siendo agredida, tanto por civiles, como por elementos de las corporaciones policiales, delincuentes ambos, unos sin placa y otros con ella. La participación, la complicidad o la tolerancia de éstos son reiteradas en muchos de los incidentes violentos que ocurren en las comunidades.

Las autoridades del DF, municipales, estatales y federales deben responder a las demandas sociales con una estrategia que proporcione un cauce institucional a los planteamientos formulados por dicha indignación e impotencia social.

Se requiere de mecanismos que generen mayores consensos y participación de la sociedad en la estrategia contra la inseguridad. Existen organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que han realizado un importante esfuerzo en materia de evaluación y certificación de capacidades policiales. Sólo hace falta voluntad en las dependencias involucradas para implementarlo.

No se trata de continuar con los ejercicios de participación ciudadana que únicamente justifiquen una política pública determinada, sino que transformen una estrategia de gobierno en una estrategia de Estado en materia de seguridad.

El gobierno, insisto, a nivel municipal, estatal y federal, debe reconocer que le hace falta un papel autocrítico de sus instituciones y estrategias, además de realizar acciones que generen el respaldo y confianza de la sociedad, en lugar de su alejamiento y confrontación.

Por otra parte, las personas que por las trágicas y lamentables circunstancias han cobrado relevancia pública debieran canalizar y concentrar la fuerza social que representan para impulsar cambios específicos en nuestro sistema de justicia, a efecto de no perder y desperdiciar una oportunidad que se presenta en beneficio de sus propios intereses y de los de la sociedad en general. Ello no implica que asuman una función que le corresponde a los municipios, estados, DF y Federación.

El Estado en su conjunto ha sido (sociedad y gobierno, hemos sido) incapaces de recuperar la seguridad de nuestras familias y comunidades, porque, entre otras cosas, nos confrontamos mutuamente, en lugar de unirnos frente a la violencia y la delincuencia; reiteramos los insultos y las descalificaciones de las acciones de unos y otros, en lugar de generar inercias que aprovechen los esfuerzos de gobierno y sociedad.

Valdría la pena realizar una agenda de cambios de corto, mediano y largo alcance, sin que se pierda el seguimiento de las acciones que deben realizarse para hacerlos realidad; toda vez que es enorme la capacidad de nuestros servidores públicos para olvidar los compromisos o distorsionarlos sólo para cumplir de manera formal y pretender legitimarse sin que logre el objetivo.

Respecto a la descoordinación de los principales actores políticos, sólo citaré el ejemplo del narcomenudeo. Sin duda alguna que este fenómeno social está generando estragos impresionantes en nuestra sociedad e instituciones públicas. El Ejecutivo federal presentó una iniciativa para enfrentarlo sumando las capacidades de las entidades federativas; a pesar de ello, los legisladores federales modificaron la iniciativa y aprobaron una reforma que ha brindado el pretexto ideal para que muchos de los gobernadores continúen eludiendo la responsabilidad de combatir dicho fenómeno social; mientras que el negocio del narcomenudeo se incrementa, entre otras causas, según los especialistas, por la protección, apoyo o tolerancia de las instituciones de seguridad pública, en particular las policías.

La llamada clase política reitera que se requiere recuperar el orden, pero ella misma lo ha perdido al desconocer las prioridades de la sociedad. Existen pocas esperanzas para que los acuerdos giren en torno de las necesidades sociales, puesto que los tiempos de la agenda electoral nulifican la visión de largo y mediano plazos para concentrarse únicamente en las próximas elecciones.

YA BASTA, hagamos un esfuerzo todos por recuperar la agenda de cambios necesarios para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de este gran país.

            *Abogado postulante