Contubernio

Procuración e impartición de justicia. He ahí dos conceptos distintos, complementarios e indispensables. Uno no va sin el otro. El primero corresponde a las policías y a los fiscales, que en México acostumbramos llamar procuradores o ministerios públicos. Es decir los perseguidores y acusadores. Se trata de una función que recae sobre los poderes ejecutivos, el de la Federación y los de los estados.

Por su parte, el Poder Judicial está integrado por todos los jueces y tribunales, del fuero federal y común, desde la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura hasta el último juez de paz, y los jueces de primera instancia, pasando por todas las salas y tribunales, superiores, colegiados, de distrito o de circuito de las distintas materias.

Cuando se comete un ilícito, el Poder Ejecutivo, a través de alguna de sus múltiples policías, entre las cuales desde hace un par de años habrá que contar al Ejército y a la Armada (la aviación todavía no), persigue al presunto responsable. Si le echa el guante lo enchirona e integra el expediente del caso que es remitido al Poder Judicial, que lo juzgará.

Es con base en ese expediente que el juez o los jueces dictaminarán. Sobre ellos recaerá tanto la atribución de formular el veredicto como de dictar sentencia. En la inmensa mayoría de los casos el juez nunca verá al acusado ni —no, pos sí— el acusado verá a su juzgador.

Toda la maquinaria es, pues, harto intrincada y plagada de recovecos inextricables. Yo diría con un ineludible tufo colonial. Churrigueresco, para ser más preciso. De manera que, cuando se produce una aberración jurídica, como en el caso de Florence Cassez, resulta una tarea no ardua, lo que le sigue, encontrar la punta de la madeja y establecer responsabilidades.

Y si no, fíjese usted, escrupuloso lector, en el siguiente episodio, y si da con la clave y está de humor, le ruego me la haga saber. Ya quedó establecido, no sólo por mí, sino por los mismísimos mandos policiales, que la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez no tuvo lugar ni en el momento ni de la manera en que la AFI y la SIEDO pretendieron hacerla colar.

Sobre ese punto ya no hay discusión alguna. Florence Cassez fue arrestada a las 10:30 horas de la mañana del 8 de diciembre de 2005, cuando circulaba por la carretera libre a Cuernavaca. Permaneció secuestrada e incomunicada al interior de un vehículo durante 20 horas, hasta el 9 de diciembre a las 6:47 am, cuando es llevada al rancho Las Chinitas, en Topilejo, donde la AFI finge llevar a cabo su detención y la de Vallarta, y finge liberar a tres  personas secuestradas, frente a las cámaras de televisión.

Pero en este mundo no se puede ser tramposo y mentecato al mismo tiempo. O una u otra. Porque, si no, la trampa nunca se logra. Y eso fue precisamente lo que les pasó a nuestros sagaces guardianes del orden. Se les cayó el teatrito.

El derrumbe empieza a producirse casi dos meses después, cuando en el programa de mi querida y admirada Denise Maerker, Punto de partida, del 5 de febrero, el director general de la AFI reconoce ante las cámaras que “el operativo transmitido en vivo” era tan sólo una escenificación, y que la verdadera detención no fue filmada.

Y cinco días después se produce el desplome definitivo. Se caen las bambalinas, se desprende el telón y se hunde el escenario. En conferencia de prensa conjunta, nada menos que el procurador general de la República, el subprocurador de la SIEDO y el director general de la AFI reconocen, no sé si con vergüenza o sin ella, que en efecto las escenas que mostró la televisión no correspondían a la liberación real de los rehenes ni a la aprehensión de los presuntos secuestradores. Y afirman, tan campantes, que la obrita (un entremés lo llamaría Cervantes) se montó a petición de las televisoras. Por lo visto, ante tan amable y oportuna solicitud, no había cómo negarse. Para eso está la policía. Siempre al servicio de la ciudadanía.

Por su parte, el reportero Pablo Reinah, que cubrió la nota para el noticiero Primero noticias que conduce Carlos Loret de Mola, declaró que en ningún momento fue informado que aquello no era más que una “recreación”. No me consta que el conductor en cuestión haya informado a su auditorio y a su debido tiempo, del fraude, pues de eso se trata, en el que tomó parte, prefiero creer que de manera involuntaria.

Porque ese es el término que anduvieron utilizando: “recreación”. De manera del todo inapropiada, pues una “recreación” recrea, reproduce los hechos tal como se produjeron, y en este caso no fue el caso. Para nada. A menos que por “recreación” hayan querido decir “recreo”, es decir, un momento de solaz y esparcimiento para los esforzados servidores públicos.

Pero ‘pérese’, amigo mío, ‘pérese’. Si lo que le acabo de relatar le parece escandaloso, a ver qué adjetivo encuentra para lo que viene a continuación. Resulta que el juez no admitió como prueba, de las anomalías en que incurrió la policía, el video del falso rescate que transmitió el Canal 2, alegando que lo que muestra “es una recreación, es decir no son sucesos reales sino actuados (...) de modo que al no ser fidedigna la información aportada mediante las imágenes grabadas en ese video, la misma no merece credibilidad ni valor de prueba, favorable a la sentenciada. (...) Por las razones antes apuntadas, no se otorga valor probatorio al video”.

Tal razonamiento nos llevaría, por ejemplo, a que si se establece que una declaración es obtenida bajo tortura, no se puede utilizar como prueba en contra del acusado, pero tampoco ¡como prueba de que fue torturado! Inconcebible.

En otras palabras, el mejor cómplice de las chapuzas de la policía fueron en este caso los jueces. Se trata de una auténtica confabulación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y un contubernio de tal magnitud sólo pudo ser orquestado en un despacho, y por una mano muy poderosa. La más poderosa. Usted diga cuál, temerario lector.

        *Matemático

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