Usos y costumbres: tradiciones que desafían las leyes civiles

El Senado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal para establecer un tipo penal autónomo que sanciona a quienes obliguen a menores de 18 años o personas sin capacidad para comprender el significado del hecho a convivir con otra persona de manera constante y equiparable al matrimonio.

El delito, llamado "cohabitación forzada de menores", será imprescriptible y llevará una pena de 8 a 15 años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa para el responsable. Esta reforma tiene remitente directo: las comunidades que han apelado a los usos y costumbres, para sortear la ley.

Los usos y costumbres, prácticas y tradiciones locales arraigadas en la sociedad mexicana, han desempeñado un papel clave en la vida cotidiana del país durante siglos. A pesar de la existencia de leyes civiles, en muchas ocasiones, estas prácticas han prevalecido en comunidades rurales y urbanas, dejando a las autoridades en un dilema sobre cómo abordar y respetar estas tradiciones.

¿Qué son los usos y costumbres?

Son un conjunto de normas no escritas que rigen la vida de comunidades indígenas y no indígenas en México, abarcando áreas como la organización comunitaria, la propiedad de la tierra, la justicia y la resolución de conflictos. Estas prácticas son el resultado de la interacción entre las culturas prehispánicas y las influencias coloniales españolas, lo que ha llevado a un sistema de creencias y normas complejo y diverso.

Históricamente, los usos y costumbres han dominado sobre las leyes civiles en algunas áreas de México debido a, en primer lugar, la falta de acceso a la educación y el conocimiento de las leyes civiles en comunidades rurales y marginadas ha llevado a la prevalencia de estas prácticas. En segundo lugar, la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y la percepción de corrupción en el sistema legal han impulsado a las comunidades a resolver sus conflictos y asuntos internos basándose en sus propias costumbres.

Además, la diversidad cultural y lingüística en México ha hecho que las leyes civiles sean difíciles de aplicar y entender en comunidades con idiomas y tradiciones propias. La autonomía y la autosuficiencia de estas comunidades les ha permitido mantener sus usos y costumbres, a pesar de los cambios legales y políticos en el país.

En los últimos años, ha habido esfuerzos por parte del gobierno mexicano para reconocer y respetar los usos y costumbres, así como para incluirlos en el marco legal nacional. La Constitución de México, en su artículo 2, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, la autonomía y el desarrollo, permitiendo la aplicación de sus propias normas en la medida en que no contravengan las leyes generales del país.

Dice a la letra: Artículo 2o. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Sin embargo, el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones locales y la aplicación de las leyes civiles. En un país tan diverso como México, la convivencia entre usos y costumbres y leyes civiles es un tema que seguirá generando debate y búsqueda de soluciones que garanticen la justicia y el respeto a las diferencias culturales.

¿Quiénes defienden los usos y costumbres en México?

Quienes defienden los usos y costumbres en México, incluso en casos polémicos como el matrimonio entre menores, suelen hacerlo por diversas razones. 

Algunas comunidades indígenas y no indígenas ven los usos y costumbres como parte fundamental de su identidad cultural y su patrimonio histórico. Estas comunidades pueden defender estas prácticas para proteger su autonomía y resistir la asimilación cultural.

Defensores de los derechos indígenas sostienen que estas comunidades tienen derecho a la autodeterminación, lo que incluye la preservación y aplicación de sus propias leyes y costumbres. Sin embargo, también existe un debate sobre cómo conciliar este derecho con la protección de los derechos humanos y el bienestar de los menores.

Algunas personas pueden defender los usos y costumbres debido a la desconfianza en las instituciones gubernamentales y el sistema legal, que en ocasiones puede ser percibido como corrupto o ineficiente. Estas comunidades pueden preferir resolver conflictos y regular su vida cotidiana según sus propias normas.

Es importante mencionar que no todos los usos y costumbres involucran prácticas negativas o dañinas, y muchas comunidades han adaptado sus tradiciones a lo largo del tiempo para abordar preocupaciones sobre derechos humanos y bienestar. En el caso de prácticas como el matrimonio entre menores, era crucial encontrar un equilibrio entre el respeto a la diversidad cultural y la protección de los derechos y el bienestar de los menores involucrados.

El papel del gobierno, las organizaciones de derechos humanos y las propias comunidades, es fundamental para generar diálogo y concienciación sobre estas cuestiones, promoviendo cambios y reformas desde dentro de las comunidades y asegurando que las prácticas culturales se ajusten a los estándares de derechos humanos y bienestar social.