‘Reforma responderá a sus patrocinadores’, incluyendo al crimen: advierte la Jufed

La propuesta de la reforma judicial que se discute en el Senado de la República tiene un doble fondo el cual busca favorecer a los candidatos propuestos para complacer a sus patrocinadores, incluyendo el crimen organizado, alertó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Durante su participación en la57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la jueza Abigail Ocampo Álvarez, directora nacional de la Jufed, advirtió las graves consecuencias de aprobar esta reforma en México.

La elección popular de jueces, puede incrementar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras, a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos, al crimen organizado o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad”, advirtió.

Agregó que esta reforma es regresiva sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadoras, y la única finalidad que tiene es concentrar los tres Poderes de la Unión en una sola persona.

Destacó que desde 2018, el Presidente de la República, en conferencias realizadas con medios de comunicación todos los días y en redes sociales, realiza ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones directas e insinuación de ilicitud de las resoluciones emitidas por las personas juzgadoras, lo que daña el estado emocional y seguridad de los trabajadores del poder judicial.

Lo cual se traduce en tratos humillantes, también se altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional, Pues estos ataques tienden a un desequilibrio laboral que incide en la toma de decisiones de las resoluciones y a la sana operación del propio poder judicial”.

Ocampo Álvarez planteó que la aprobación del dictamen afectará los proyectos de vida de más de mil 600 juzgadores federales, quienes perderán la oportunidad de crecimiento profesional, pues la propia reforma no permite el ejercicio de la abogacía hasta pasados dos años, lo cual también viola el derecho humano al trabajo.

La jueza Abigail Ocampo Álvarez señaló que las familias de todos los jueces son víctimas indirectas de dicha reforma, primero por los ataques mediáticos que se hacen públicos al perder el trabajo.

Al perder su trabajo implica la violación de derechos humanos de los integrantes de su familia, tales como la educación, salud, vivienda, patrimonio, recreación, seguridad, entre otros por la remuneración que reciben por ese trabajo como defensores de derechos humanos, es el principal medio de manutención de ellos y de su familia, por lo que es lógico que la reforma atenta también con las contra la estabilidad económica familiar”, indicó.

La directora nacional de la Jufed agregó que en el tema de seguridad social, se pierden todas las prestaciones de salud que tienen cada uno de los juzgadores al ser cesados, lo que traía como resultado que se impida a ellos y a su familia a seguir como derechohabientes de algún sistema de salud, además no tendrán el derecho a la jubilación.

En la reunión, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, afirmó, por su parte, que en el país hay un consenso por llevar a cabo una reforma de este tipo, pero la que se presenta tiene carencias y rezagos.

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cva