Quieren derecho a decidir; avanza discusión sobre el aborto en el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO.

Con la expectativa de seguir los pasos de los legisladores argentinos, diputadas y senadoras de diversas fuerzas políticas confían en aprobar pronto una reforma que garantizará el derecho a los servicios de aborto seguro en las instituciones del sistema de salud. 

La propuesta avanza en ambas cámaras del Congreso, con el apoyo de representantes de Morena, PT, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y PVEM, y sus impulsoras esperan conseguir los votos para su aprobación este mismo año, en el próximo periodo de sesiones.

Las legisladoras feministas también revelaron que, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se busca sacar adelante un Código Penal único que erradique, a nivel nacional, la criminalización a la interrupción voluntaria del embarazo.

Así lo adelantaron legisladoras a Excélsior, seis destacadas autoras y promotoras del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad y que, en el caso de San Lázaro, ya fue suscrita por 140 integrantes de todos los grupos parlamentarios.

Si bien algunos representantes del PAN y del PES que podrían sumarse a la no criminalización de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, ambos partidos están resueltos a oponerse a cualquier modificación que le abra paso al derecho a decidir y representar así los intereses de las cúpulas religiosas.

Por eso no todas las legisladoras comparten el mismo nivel de optimismo al responder a la pregunta de si hay condiciones en México para impulsar una reforma a favor del derecho a decidir como la concretada en Argentina.

“Estoy convencida de que sí. Por una parte, hay un cambio generacional importante que tiene una visión más abierta y desde las redes sociales impulsan y claman por más derechos; y, por otra parte, al Poder Legislativo también ha llegado una nueva generación de legisladoras, especialmente mujeres que provenimos del activismo, de la academia, de la conciencia de género”, plantea Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) comparte el optimismo de que están dadas las condiciones para seguir los pasos de sus pares argentinas en el periodo siguiente, que irá de febrero a abril, y argumenta que, si hay congruencia en las bancadas mayoritarias de Morena en el Congreso, esta reforma debe concretarse. “No hacerlo es darle la espalda al movimiento transformador más importante del país, reivindicador de derecho fundamentales para más de la mitad de la población. Esta iniciativa pondrá a prueba nuestra fidelidad y congruencia con los postulados de un partido de izquierda”, advierte.

Pionera en la defensa de esta demanda, la senadora Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) también ve condiciones institucionales y jurídicas a favor de este reclamo. “La Suprema Corte de Justicia validó la despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en la Ciudad de México, al determinar que no contravenía ningún derecho de la Constitución, y que las mujeres tenían derecho a decidir. Y también tenemos, con la Norma 046, un marco institucional importante sobre la legalidad de la interrupción del embarazo con motivo de una violación”, enumera quien como candidata a la Presidencia de la República en 2006 reivindicó esta causa.

Pero las representantes de la oposición dudan de la viabilidad de la reforma, aun cuando coinciden en que, como sucedió en Argentina, aquí hay un movimiento feminista que reclama una respuesta del Estado.

Para la coordinadora de la diputación del PRD, Verónica Juárez Piña, resulta difícil que se avance ahora, debido a la actual conformación del Congreso y al hecho de que los legisladores y funcionarios están más preocupados por perpetuar el estatu quo. 

“Después de los actos del 8 y 9 de marzo de 2020, quedó claro que la conciencia de género en México es innegable. El problema del gobierno son sus alianzas, cuando nos encontramos en pleno proceso electoral. No sólo con las Iglesias sino con los grupos de extrema derecha, como el Partido Encuentro Social (PES), que niegan todo avance en ese sentido”, señala la legisladora por Jalisco.

Para la diputada Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) tanto en Argentina en diciembre de 2020 como en la CDMX, en 2007, cuando se legalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, hubo tres condiciones que lo permitieron: un movimiento feminista activo, un poder legislativo aliado y comprometido con la causa y la voluntad política del Ejecutivo.

“Hoy en México, tenemos un movimiento feminista muy importante. Pero no hay una articulación clara con el Legislativo para impulsar una reforma que despenalice a nivel nacional, y tenemos una evidente oposición del Ejecutivo federal, quien evade el tema con la idea de someterlo a consulta”, alerta.

Al respecto, la senadora Patricia Mercado considera que la clase política mexicana no se siente aún interpelada por la necesidad de despenalizar el aborto, aun cuando el movimiento feminista está presente y se ha ido fortaleciendo. 

Frente a esta realidad, Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, parte de la premisa de que el Congreso es un espacio donde están representadas todas las fuerzas políticas del país.

Al frente de una de las iniciativas con mayor consenso, la morenista asume que, si bien las legisladoras feministas “lo queremos todo y lo queremos ya”, parte de su trabajo político es la negociación y la construcción de acuerdos.

Micher Camarena es realista al admitir que, si bien la máxima aspiración es incorporar en la legislación el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos y su maternidad, en este momento “sería un gran paso avanzar con el derecho a los servicios de aborto seguro en las instituciones del Sistema de Salud porque garantizaría que las mujeres, niñas y adolescentes que llegan con una situación de aborto, independientemente de sus causas, sean atendidas con calidad y calidez y no sean criminalizadas ni revictimizadas”.

La reforma que la senadora impulsa busca, además, que se garantice en todo el país el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, que reconoce el derecho de las niñas y las mujeres a la interrupción del embarazo en casos de violación, junto con la Ley General de Víctimas y los Códigos Penales de las Entidades Federativas.

Recuerda la senadora morenista que la única causa de interrupción legal del embarazo reconocida en todos los estados es la violación. “Sin embargo este derecho se enfrenta a las creencias religiosas que se manifiestan como objeción de conciencia de las y los profesionales de la salud que no sólo se niegan a realizar los abortos seguros, sino que denuncian y criminalizan a las mujeres y las niñas que los solicitan”.

En San Lázaro, Wendy Briceño avanza en el mismo sentido: “La propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, que se trabaja ahora en Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de Género garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo la planificación familiar, la anticoncepción y la interrupción del embarazo”.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de los diputados explica que, con ese cambio, el personal de salud especializado deberá interrumpir el embarazo de las mujeres que así lo soliciten, garantizando condiciones dignas y sanitarias.

Sin el optimismo de las morenistas pero menos pesimista que las diputadas Juárez Piña y Tagle, la senadora Patricia Mercado considera que si en Argentina pudieron superar las presiones del papa Francisco, también aquí puede avanzarse hacia una reforma que, paulatinamente, vaya derramando sus consecuencias en favor de los derechos de las mujeres.

“En el Senado se está discutiendo una propuesta presentada por Micher, Jesusa Rodríguez y Citlalli Hernández, para una gran reforma a la Ley General de Salud, para garantizar la salud sexual y la salud reproductiva, y uno de los temas es garantizar aborto seguro en casos que están permitidos por la ley”, resume la senadora de Movimiento Ciudadano.

Patricia Mercado, cuya iniciativa en la materia es parte de ese dictamen, confía en que se logrará un gran acuerdo y cuenta que en su confección participaron la Secretaría de Salud y grupos feministas.  “Podríamos encontrar incluso aliados en el PAN. No tanto que estén de acuerdo con el aborto, pero sí que con que no se criminalice. Josefina Vázquez Mota, cuando fue candidata a la Presidencia, lo dijo de diferentes maneras. Sabemos que no toda la mayoría de Morena estaría de acuerdo. Pero lo veo difícil en este periodo legislativo. Seguramente en los próximos tres años podremos ver avances”.   

Lo cierto es que, por ahora, los votos no alcanzan para una reforma constitucional que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Y mientras tanto, se avanza en los cambios a la Ley de Salud. “Pero su limitante es que sólo podría darse en el marco de las causales establecidas en cada código local. Quizá por ello los movimientos feministas no se han sumado a empujar las iniciativas que están discutiéndose en el Congreso, y es importante decir que, aunque signifiquen un avance, no despenalizarían el aborto”, sostiene la diputada Tagle.

Pero las morenistas no se desaniman. “Aún estamos trabajando para concretar las reformas al Código Penal Federal y lograr la despenalización el aborto”, comenta Wendy Briceño al manifestar su expectativa de que en el próximo periodo se discuta y se apruebe la iniciativa plural firmada por 140 diputados.

Por ahora, sólo en la CDMX y en Oaxaca es legal la interrupción voluntaria del embarazo.

Y lograr que esto sea un derecho en toda la República “es una de las grandes agendas de nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la posibilidad de un Código Penal Único”, comenta la senadora Mercado.