Las policías, la zona débil del Sistema penal; rezago en capacitación

CIUDAD DE MÉXICO.

Riesgos, tropiezos y atrasos “que pocos han querido ver” se vislumbran para la correcta puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual deberá estar en pleno funcionamiento a nivel nacional desde el primer minuto del 18 de junio.

De acuerdo con las últimas cifras registradas hasta finales de abril, tan sólo 29.69% de las policías municipales de la República se encuentra plenamente capacitada y opera ya dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En el caso de los ministerios públicos de cada una de las entidades federativas, 46% desempeñaba sus funciones conforme los establece la reforma penal de 2008 mientras que 50% de las policías de investigación ya operaban dentro del nuevo sistema.

Debido a estas cifras, protagonistas para la implementación de este sistema consideran que se ha puesto poca atención en uno de los puntos centrales de la Reforma Judicial: la formación de jueces locales, policías, agentes ministeriales, peritos y hasta abogados para que puedan trabajar de forma adecuada y llevar a buen puerto al nuevo sistema.

Desde la propia cúpula del Poder Judicial vislumbran un panorama con claroscuros para el nuevo sistema, pues en los próximos años la justicia en México puede cambiar para bien o para mal y no todo se resolverá como por arte de magia ya que se trata de una reforma compleja.

En entrevista con Excélsior, el ministro José Ramón Cossío lamentó que la mayoría de las personas, incluidos funcionarios, piensen que se trata de una reforma exclusiva para los jueces lo cual, dijo, no es así.

“Hay que empezar por capacitar y entrenar a los policías en actividades en las que casi no suelen tener experiencia, hay que preparar servicios periciales de altísima calidad técnica y científica en el país, hay que reentrenar ministerios públicos federales y locales, hay que preparar defensores públicos y privados y por supuesto también a los jueces”, puntualizó Cossío Díaz.

Incluso, el integrante y decano del máximo tribunal del país considera que si no se resuelven a tiempo estas problemáticas y no se tiene personal, no sólo capacitado sino profesionalizado, se pueden correr grandes riesgos.

“No es un asunto simple. El gran riesgo que se corre no es que los inocentes vayan a la cárcel, sino que los culpables estén en una condición de libertad, eso afecta a las víctimas y a una sociedad que se da cuenta que se pueden llegar a ampliar, en ciertos aspectos, los niveles de impunidad, ése es el riesgo mayor que puede tener esta reforma”, aseveró Cossío.

De acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo, que se cuente con personal capacitado es un elemento clave y uno de los mayores desafíos para garantizar la implementación y operación exitosa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Exponen que únicamente de esa forma, se obtendrán resultados favorables, pues los operadores contarían con las competencias y habilidades necesarias para realizar de manera eficiente y adecuada su labor.

En el análisis plasmado en su último reporte, el CIDAC considera que si bien hay capacitación para los operadores del nuevo sistema, ésta no se ve reflejada en la acción pues hay juzgadores cuya conducción en un juicio oral es poco efectiva y la expresión oral de los argumentos del ministerio público es insuficiente.

“Los resultados, tras la evaluación de audiencias, muestran que todos los operadores cumplen de forma apenas suficiente con el trabajo, sin que ninguno alcance un desempeño adecuado ni satisfactorio. Si bien se han realizado avances notables en materia de capacitación, aún existen importantes rezagos”, señalan.

Pero hay aquellos que perciben un panorama más optimista como la secretaria ejecutiva para la Implementación del Sistema Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow, quien reconoce la existencia de enormes retos, pero presume que hay mexicanos que ya disfrutan de los beneficios del nuevo sistema penal.

“Ya se está viviendo prácticamente en el 93% de la población, pues cuando accedan a esta nueva justicia penal tendrán la posibilidad de llegar a tener una atención temprana, un asistente jurídico a víctimas, un defensor inmediatamente si son señalados que cometieron un ilícito, y ver la transparencia y publicidad del sistema de juicios orales”, destacó en entrevista a este diario.

Fromow Rangel reveló que desde el gobierno federal se han hecho cálculos respecto a cuándo podrá consolidarse el sistema, para el cual han sido erogados más de 20 mil millones de pesos, para lo cual hay una variable de hasta una década.

“Se ha hecho un esfuerzo enorme de todas las instituciones, estamos en el punto de arranque fundamental del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sí hay pendientes, hay grandes retos, retos de pasar de la capacitación a la profesionalización, de buscar los sistemas que se puedan interconectar en las distintas instancias operadoras del sistema, en lograr la infraestructura definitiva”, explicó.