PGR indaga 34 casos de tortura; integra nueve averiguaciones

CIUDAD DE MÉXICO.

Con la convicción de que en el caso de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa no debe dañarse por faltas al debido proceso, la PGR propuso a los 123 detenidos como involucrados en este crimen acogerse al Protocolo de Estambul para garantizar que no fueron sujetos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero sólo 34 de ellos decidieron hacerlo; es decir, el 72% no reportó tortura.

Durante su último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que al menos 17 detenidos fueron víctimas de tortura en algún momento de la detención y consignación ante autoridades judiciales, pero la información oficial de la PGR es que existen 16 expedientes abiertos por denuncias de tortura.

De esos 16 expedientes, nueve son averiguaciones previas, que a su vez se dividen en seis que involucran a servidores públicos municipales, estatales y federales y tres a personal de la PGR.

Y existen otras siete actas circunstanciadas, todas involucran a servidores públicos de la PGR.

Esos 16 expedientes incluyen a 34 detenidos que son presuntas víctimas de tortura y, tal como lo marca el Protocolo de Estambul, están en proceso de verificación, y una vez con los elementos recabados será el juez el que determine si se cometió o no algún acto de tortura.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público federal, desde el primer momento en que se investigaron los hechos en el municipio de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se ordenó cuidar todo el debido proceso, principalmente evitar la comisión de abusos por parte de la autoridad y se contó con grabaciones de prácticamente todos los momentos procesales.

El Protocolo de Estambul establece que para la investigación de tortura, deberá definirse el “órgano investigador adecuado”, que debe tener carácter independiente.

El Protocolo también obliga a que estas autoridades deben entrevistar a la presunta víctima y a otros testigos; se deben asegurar y obtener pruebas físicas; se deben tener indicios médicos.

Nada nuevo: Betanzos

Para la Procuraduría General de la República (PGR), en el segundo informe de labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no hay hipótesis distintas a las que ya se trabajaban y muchas de estas líneas “ya fueron desahogadas desde el inicio de la investigación por el Ministerio Público de la Federación, así lo aseguró Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Eber Betanzos señaló que causa extrañeza que los expertos insistan en que no pudo darse un incendio de gran magnitud en el basurero de Cocula, dado que desde el primer informe del GIEI los llevó a realizar un tercer estudio de fuego con los mayores especialistas del mundo, y el grupo interdisciplinario participó en la elección del panel.

En el caso del quinto autobús, dijo que se ha trabajado con “especial exhaustividad” en la línea de investigación y, hasta este momento, no se tiene ningún elemento que lleve a pensar que el autobús es distinto al que se encuentra en el expediente, ni que haya tenido una ruta de traslado hacia Estados Unidos porque sólo abarcaba como máxima distancia a Jojutla y Cuautla, Morelos.

Agregó que desde el primer informe del GIEI  también se perfilaba la participación de policías de Huitzuco, Guerrero: “Incluso se tiene declaraciones de policías desde 2015 y que hoy tenemos 45 declaraciones de esa corporación”.

Luego, entrevistado por Pascal Beltrán del Río, Betanzos Torres aseguró que la PGR colaboró en todo lo que pudo con el GIEI.

Sobre el video mostrado el domingo por el GIEI, el cual fue grabado el 28 de octubre de 2014 y donde se acusa supuesta ocultación de diligencias, Betanzos Torres aseguró que “en este  punto específico, en su oportunidad, mostraremos de manera puntual y específica… es un tema que está en análisis”.

Ante la acusaciones de tortura que reveló el GIEI, el funcionario manifestó que el Ministerio Público de la Federación ha conocido de cualquier señalamiento de maltrato y ha iniciado, como lo marca la ley, las averiguaciones previas correspondientes en el caso Iguala.

Dudan de la “verdad histórica”

La Comisión Especial en la Cámara de Diputados para el caso Iguala analizará y revisará los resultados del segundo y último informe del GIEI sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó la presidenta de dicha comisión, María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

En entrevista con Martín Espinosa para Grupo Imagen Multimedia, la integrante del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, agregó que se analizará también el “cuestionamiento fuerte” a México, respecto del uso del sistema de procuración de justicia mexicano y de presuntos actos de tortura.

Con esto, advirtió la panista, “se pone en tela de juicio” la llamada “verdad histórica” de la PGR, presentada en noviembre del 2014 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el río de Cocula, la cual, afirmó la panista, “fue desechada en el primer informe presentado por el grupo de expertos el 6 de septiembre del año pasado, y en este último informe lo ratifican”.

“Hay un cuestionamiento muy fuerte respecto de la investigación de Ayotzinapa, que pone en duda las conclusiones a las que llegó la PGR”, que, agregó, a los padres de familia les genera “una falta de credibilidad en el resultado oficial e incluso a nivel internacional este asunto está severamente cuestionado”, dijo.

Por su parte, El excanciller Jorge Castañeda afirmó que sería positivo que el gobierno federal atienda las 22 recomendaciones del GIEI y comience a responder una serie de preguntas que se derivan de esta conclusión.

En entrevista con Yuriria Sierra para Grupo Imagen Multimedia, consideró que los torturados tendrán que salir en libertad por violación al debido proceso.

EU pide avanzar en indagatoria

WASHINGTON.— Estados Unidos felicitó al grupo de expertos de la CIDH que investigó durante un año la desaparición de los 43 normalistas y pidió a México seguir avanzando para asegurar que los responsables de ese crimen responden ante la justicia.

El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, reaccionó al fin de la asistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en la investigación del caso Iguala.

“Felicitamos a la Comisión y a los expertos por su trabajo, que fue solicitado por el gobierno mexicano, y por la asistencia que ha proporcionado a México y a los familiares de las víctimas en su trabajo para resolver este trágico caso”, indicó Kirby.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe, evaluarán las acciones sugeridas, proporcionarán apoyo a las familias y seguirán con sus esfuerzos para traer a la justicia a los responsables de este crimen”, agregó.