Cronología del estruendo: el regreso de los bombazos urbanos en Colombia

Veintiún años después de que el país creyera haber sepultado una de sus formas más brutales de violencia, Colombia volvió a escuchar el rugido de un carro bomba. Volvió a ver el humo denso cubriendo barrios enteros. Volvió a contar los muertos.

Como lo estableció Monterroso, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Este 21 de agosto, casi al mismo tiempo, un camión cargado de explosivos estalló en Cali, mientras un helicóptero policial era derribado en Amalfi, Antioquia, en un ataque coordinado que dejó al menos 20 muertos y más de 70 heridos. Las autoridades no tardaron en atribuir ambos hechos a las disidencias de las FARC. Lo que alguna vez pareció una táctica relegada a los años más oscuros del conflicto, reapareció con una precisión quirúrgica y un mensaje: el terror urbano está de vuelta.

Desde la muerte de Pablo Escobar en 1993, Colombia había experimentado una transformación paulatina pero constante: los atentados en ciudades se hicieron menos frecuentes, y con la firma del Acuerdo de Paz de 2016, llegaron incluso a desaparecer por completo. Pero esa tregua terminó. A continuación, un repaso por los episodios más crudos que marcaron esta historia cíclica de violencia, silencios y regresos.

1998 — Toma de Mitú, Vaupés

El 1 de noviembre de 1998, cerca de mil 200 combatientes de las FARC atacaron Mitú, capital del Vaupés. En cuestión de horas, la ciudad quedó prácticamente destruida: edificios públicos, viviendas y estaciones policiales fueron arrasadas. El ataque sorprendió a una población indefensa, que quedó atrapada entre las balas y las explosiones.

Durante tres días, los guerrilleros mantuvieron el control total de la ciudad. Secuestraron a más de 60 policías y asesinaron a decenas de uniformados y civiles. El Estado tardó en reaccionar debido a las dificultades logísticas de llegar a una región selvática sin vías de acceso terrestre.

La toma de Mitú fue un punto de inflexión: demostró que las FARC tenían capacidad de atacar no solo puestos rurales, sino capitales departamentales. Fue un mensaje directo de fuerza militar y simbólica, que dejó cicatrices en la memoria nacional.

2002 — Escalada violenta en El Dorado y Bogotá

El 29 de enero de 2002, en El Dorado (Meta), las FARC utilizaron una casa-bomba con dos toneladas de explosivos contra una base militar del Batallón de Infantería 21 Vargas. El saldo fue de 29 militares muertos y 9 heridos. El estruendo se escuchó a kilómetros de distancia, y las imágenes circularon como recordatorio de la vulnerabilidad del Estado.

Meses después, el 7 de agosto de 2002, durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe, las FARC lanzaron morteros artesanales contra la Casa de Nariño y el Congreso. Los proyectiles impactaron barrios cercanos, dejando 23 muertos y 67 heridos. Este atentado mostró que el grupo insurgente podía atacar el corazón político del país.

2003 — Golpes urbanos en Bogotá

El 7 de febrero de 2003, un carro bomba con 200 kilos de explosivos explotó en el Club El Nogal, uno de los centros sociales más exclusivos de Bogotá. Murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas. Aunque las FARC inicialmente negaron su responsabilidad, posteriormente la reconocieron. El ataque fue visto como un golpe contra la élite y una agresión directa a la sociedad civil.

El 15 de noviembre de 2003, la columna Teófilo Forero lanzó granadas contra restaurantes y bares de la Zona Rosa. Murió una estudiante y más de 70 personas resultaron heridas. El atentado buscó afectar la presencia extranjera en el país, en un contexto de creciente cooperación militar con Estados Unidos.

2016 — Acuerdo de Paz y pausa en la violencia urbana

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC significó el fin de los bombazos urbanos. Aunque persistieron hostigamientos rurales, las principales ciudades como Bogotá, Cali y Medellín vivieron un respiro tras décadas de ataques terroristas.

Este periodo de relativa calma trajo crecimiento económico, inversión extranjera y una transformación positiva del panorama urbano. Sin embargo, las disidencias se mantuvieron activas en zonas estratégicas.

2019 — Atentado del ELN en Bogotá

El 17 de enero de 2019, un carro bomba del ELN explotó en la Escuela General Santander, matando a 22 cadetes de policía y dejando 68 heridos. Fue el ataque más grave en la capital desde El Nogal, y marcó una ruptura en los diálogos de paz con ese grupo armado.

El atentado fue interpretado como una agresión simbólica directa al Estado, y dejó claro que el terrorismo urbano seguía siendo una amenaza latente para la seguridad nacional.

2025 — Regreso del terror con atentados en Cali y Amalfi

El 21 de agosto de 2025, Colombia vivió dos atentados coordinados. En Cali, un camión bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, causando al menos siete muertos. Ese mismo día, en Amalfi, un helicóptero de la Policía fue derribado con drones y explosivos, matando a trece uniformados.

Los ataques, atribuidos a las disidencias de las FARC, rompieron más de dos décadas sin violencia urbana de gran escala. La coordinación y brutalidad encendieron alarmas sobre un posible retorno del terrorismo como estrategia militar.

Agentes del GOES custodian la zona del atentado en Cali mientras continúa la limpieza. Fotografía: AFP / Iusef Samir Rojas

Transformación y amenaza latente (2003–2025)

Durante más de veinte años, Colombia vivió una transformación profunda. La política de seguridad democrática y el Acuerdo de Paz debilitaron la capacidad ofensiva de las FARC, y trasladaron el conflicto a zonas rurales. Las ciudades florecieron, y el miedo cotidiano a los bombazos desapareció.

Sin embargo, las disidencias sobrevivieron en regiones clave del narcotráfico y la minería ilegal. El retorno de los atentados en 2025 demuestra que estas estructuras no solo persistieron, sino que evolucionaron tecnológicamente para reabrir una herida que el país creía cerrada.

Una pesadilla que regresa

Durante años, Colombia quiso convencerse de que los carros bomba eran cosa del pasado. Un vestigio superado, una pesadilla vieja sin espacio en la narrativa del presente. Pero las explosiones de agosto de 2025 devolvieron al país a una realidad que nunca desapareció del todo.

Las disidencias de las FARC no solo demostraron capacidad operativa: enviaron un mensaje. Están dispuestas a regresar al lenguaje del terror urbano. Y ese lenguaje, que ya había escrito páginas trágicas en la historia reciente del país, vuelve a sonar con la fuerza ensordecedora de los metales retorcidos y el polvo suspendido. Lo que parecía superado, vuelve. Y esta vez, nadie puede decir que no lo vio venir.

Lo que ocurrió en ese lapso de 'paz'

Entre 2004 y 2016 (proceso de paz de La Habana), las FARC siguieron usando explosivos, pero sobre todo contra oleoductos, torres eléctricas, patrullas rurales y puestos militares. Eran ataques de gran impacto local pero no del tipo “carro bomba en ciudades” con decenas de civiles afectados.

Tras el Acuerdo de Paz (2016), la violencia con carros bomba prácticamente desapareció en Colombia, aunque algunos reductos y luego disidencias mantuvieron hostigamientos.

Excepción: el atentado del ELN contra la Escuela General Santander en Bogotá en 2019 (carro bomba con 22 cadetes muertos). Pero ese no fue obra de las FARC sino de otra guerrilla.

Por eso, lo del 21 de agosto de 2025 es percibido como un “regreso al pasado”, porque desde hacía más de 20 años no se veía un doble ataque coordinado con explosivos y tan letal en centros urbanos atribuido a las FARC o sus disidencias.

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«pdg»

N. de la R. Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC redujo significativamente la violencia urbana, desde 2018 se había detectado una reorganización progresiva de facciones disidentes que rechazaron el proceso. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), al menos 23 estructuras armadas fueron reconocidas como disidencias activas hasta mediados de 2025. Estas operan principalmente en departamentos como Nariño, Cauca, Meta, Guaviare y Antioquia, con fuerte presencia en corredores estratégicos del narcotráfico.

En cuanto a los atentados del 21 de agosto de 2025, las autoridades colombianas confirmaron que el ataque en Cali fue ejecutado con un camión que contenía aproximadamente 500 kilogramos de explosivos tipo ANFO, mientras que el helicóptero de la Policía en Amalfi fue derribado por un dron adaptado con carga explosiva dirigida —una táctica poco común en el conflicto colombiano y que evidencia una evolución tecnológica preocupante en las tácticas insurgentes. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación conjunta con inteligencia militar para determinar nexos entre las estructuras responsables y redes de apoyo logístico en zonas urbanas.

El presidente Gustavo Petro, en una declaración emitida la noche del 21 de agosto, calificó los ataques como una “agresión directa contra la paz total” —su principal bandera política de seguridad y reconciliación—, y ordenó la intensificación de operaciones en zonas bajo control de las disidencias, particularmente en el suroccidente del país. Petro también señaló que este tipo de atentados puede tener vínculos con disputas territoriales entre el Estado Mayor Central de las FARC y grupos criminales por el control de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.

Según datos de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), entre enero y julio de 2025 se habían registrado al menos 145 acciones armadas atribuidas a disidencias de las FARC en distintas regiones del país. Aunque la mayoría se concentraban en áreas rurales, este repunte había sido interpretado como un intento por recuperar protagonismo militar antes de cualquier eventual mesa de diálogo. El doble atentado del 21 de agosto parece haber confirmado esa hipótesis.

La utilización simultánea de drones armados y vehículos cargados con explosivos muestra un patrón que emula estrategias utilizadas en conflictos internacionales como Siria, Irak o Yemen, lo que ha encendido alarmas en los organismos de inteligencia regional. Analistas advierten que este tipo de ataques puede marcar el inicio de una nueva etapa en el conflicto armado colombiano, donde el entorno urbano vuelve a convertirse en escenario de guerra asimétrica.