WASHINGTON.
El mandatario Donald Trump quiere abolir por decreto el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos hijos de personas que sean estadunidenses e inmigrantes que entraron ilegalmente en el país, lo cual podría generar una batalla constitucional.
Siempre me han dicho que se necesitaba una enmienda constitucional. ¿Sabe qué? No hace falta”, aseveró el mandatario en una entrevista concedida al programa que Axios tiene en la cadena HBO. “Ahora dicen que puedo hacerlo con una orden ejecutiva.”
El derecho a la nacionalidad para todos los nacidos en territorio de EU está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución.
Para cambiar la Constitución en Estados Unidos se requiere, por lo menos, una mayoría de dos tercios en el Congreso, algo impensable en un momento en que el país está muy polarizado y hay poco consenso legislativo.
El Presidente estadunidense ha aprovechado la expectación generada por una caravana de migrantes que partió de Honduras el pasado 13 de octubre para agitar su discurso contra la inmigración.
Las autoridades estadunidenses calculan que en la caravana, que avanza actualmente por Oaxaca, México, hay unas tres mil 500 personas, entre ellas mujeres embarazadas que abrigan la esperanza de que sus hijos sean ciudadanos estadunidenses.
Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos (...) con todos los beneficios”, afirmó en la entrevista.
LIMITANTES
La propuesta está lejos de convertirse en realidad, pues modificar la Constitución implica procedimientos que no incluyen al decreto presidencial.
La Enmienda en cuestión reza que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, están sujetas a su jurisdicción, por lo tanto son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residan”.
Trump no dio ningún indicio del plazo en el que podría intentar poner en marcha esta reforma.
El senador republicano Lindsey Graham anunció que lanzará un proyecto de ley en el mismo sentido que la propuesta del Presidente estadunidense.
Una opinión que no compartió su correligionario Paul Ryan, jefe de la Cámara de Representantes, quien dijo que este derecho no se puede abolir con una orden del Ejecutivo.
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