Primero la URSS, luego Yugoslavia, ¿ahora España?

BERLÍN.

La Unión Soviética, el país que inventó Lenin, algo raro en las naciones que están condenadas a desaparecer, murió sin que nadie intentara defenderla. La defunción tuvo lugar la noche del 25 de diciembre de 1991. Esa noche, los pocos transeúntes que se encontraban en la Plaza Roja vieron cómo la bandera roja con la hoz y el martillo descendía, hasta caer como un trapo inútil, sobre una de las cúpulas doradas del Kremlin.

Poco antes, Mijail Gorbachov, el noveno y último presidente soviético había entregado a su sucesor, Boris Yeltsin, el control de más de 25 mil ojivas nucleares  y se había despedido por cadena de televisión de una nación que estaba condenada a dejar de existir. “Como consecuencia del escenario recién formado, la creación de la Comunidad de Estados Independientes, ceso mis actividades en el cargo de Presidente de la URSS. Tomo esta decisión a partir de consideraciones basadas en principios morales”, dijo el hombre que inventó la “Perestroika” y el “Glasnot”, dos medidas que acabaron en menos de cinco años con la Unión Soviética

La comunidad de Estados Independientes (CEI) había nacido el 8 de diciembre de ese mismo año, cuando los líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania se reunieron en el coto natural de Belovézhskaya Puscha para firmar un acuerdo destinado a poner fin  a la Unión Soviética y dar vida a la nueva comunidad, que muchos habitantes de la URSS veían como el mismo perro, pero con distinto collar.

En la  noche del 25 de diciembre de 1991, Occidente respiró aliviado y dio por cerrado un capítulo que se inició poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que, en más de una ocasión, estuvo a punto de desatar una guerra nuclear entre las dos principales potencias militares atómicas del planeta. Junto con quitar la bandera roja de la hoz y el martillo, el mundo quiso creer que el planeta había quedado liberado de la amenaza que representó la Guerra Fría y Moscú admitió una derrota simbólica que aún no ha digerido por completo, como demuestra su obsesión por Ucrania y la violencia que ha utilizado en Chechenia para impedir la pérdida de esa región.

La desaparición como nación de la República de Yugos-

lavia, el Estado que inventó Tito en noviembre de 1945, por el contrario, fue violenta y se inició cuando un político serbio casi desconocido para la prensa internacional, viajó al escenario de la peor tragedia militar de su pueblo y prometió a sus compatriotas que nunca más serían golpeados por nadie y que la larga humillación que había sufrido la nación serbia había llegado a su fin.

Al cumplirse el 600 aniversario de la batalla de Kosovo, el 28 de junio de 1989, Slobodan Milosevic adelantó ante un millón de serbios lo que le deparaba el futuro a la nación serbia. “Hoy, 600 años después de la batalla de Kosovo, nos encontramos nuevamente enfrentados a nuevos combates. Espero que sea una lucha sin armas, pero tampoco se puede excluir que haya que utilizarlas”, dijo el político, quien años más tarde sería bautizado por Washington como el “carnicero de los Balcanes”.

Dos años más después y en otro aniversario de la famosa batalla que perdieron los serbios ante el ejército otomano, aviones de la fuerza aérea yugoslava disparaban contra los milicianos de la nueva república eslovena, que pocos días antes había proclamado su independencia de Belgrado. Pocas semanas más tarde, sonaron los primeros disparos en la vecina Croacia, una tragedia que culminó en junio de 1999, cuando el ejército serbio capituló ante el poder de las bombas de la OTAN y abandonó, para siempre, la provincia serbia de Kosovo.

La aventura de Milosevic de dar vida a la “Gran Serbia”, le costó la vida a más de 200 mil personas; Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia y Montenegro son ahora  países independientes y, peor aún, Kosovo, la tierra santa de los serbios, se convirtió en una nación independiente, gracias al interesado apoyo de Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania que pisotearon la resolución 1244 de Naciones Unidas, que puso a la última guerra en los Balcanes y que defendía en su artículo 10 una “autonomía sustancial en la República Federativa de Yugoslavia” para Kosovo.

El reconocimiento de Kosovo como país independiente (febrero de 2008) fue rechazado por seis países miembros de la Unión Europea – España, Bulgaria, Grecia, Rumania, Chipre y Eslovaquia- y por Rusia, países que temían con razón que la independencia unilateral de Kosovo pudiera desatar un peligroso efecto dominó en sus respectivos territorios.

España no está a favor de una independencia unilateral”, dijo la entonces vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernandez de la Vega, al insistir en que la prioridad fundamental para su país era una solución que respetara  las leyes internacionales y que garantizara la estabilidad regional, una forma implícita de reconocer el temor de su gobierno a la reacción que podría tener la independencia de Kosovo en el País Vasco y Cataluña, dos comunidades autónomas que sueñan convertirse en países independientes.

Los temores de la entonces vicepresidenta del gobierno español se hicieron realidad en Cataluña, cuando el Parlamento, en abierta rebeldía con el poder central, aprobó no sólo el inicio del camino hacia la independencia de España, sino que adelantó que la medida se aprobaba en “desobediencia” de las instituciones del Estado.

Peor aún, el Parlamento advirtió que el proceso no se supeditaría a las decisiones de las instituciones del Estado español y advirtió que consideraba al Tribunal Constitucional como un organismo “deslegitimado y sin competencia”.

El gobierno español, como era de esperar, impugnó la medida ante el Tribunal Constitucional. La respuesta del máximo organismo jurídico del país era previsible: Después de una reunión que duró dos horas, el Tribunal acordó por unanimidad suspender la declaración independentista aprobada por el Parlamento. La Constitución española establece claramente la indivisibilidad del país y no permite a las comunidades autónomas que convoquen un referéndum para buscar la independencia.

Para hacer valer la ley, Mariano Rajoy tiene un último recurso legal en sus manos: Aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le permite, si el Senado lo autoriza por mayoría absoluta, adoptar todas las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma, en este caso Cataluña, al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución le imponga. En otras palabras, suspender la autonomía y, en caso límite, ordenar la intervención del Ejército, un escenario de terror que despertaría todos los fantasmas que dejó la Guerra Civil.

Este hipotético escenario fue evitado en Escocia, gracias a un acuerdo político entre el gobierno escocés y del Reino Unido y que permitió la realización de un referéndum, el 18 de septiembre de 2014, para votar a favor o en contra de la independencia. El “No” a la independencia se impuso con 55.3 % de los votos frente a 44.7% de los partidarios de la secesión.