Darán trato de extranjeros a hijos de inmigrantes en República Dominicana

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de octubre.- ¿Se imagina que un buen día el gobierno del país donde nació le diga que ya no pertenece a él? Pues eso es justamente lo que le ocurrió a miles de haitianos, que podrían quedarse sin una patria.

Un número todavía indeterminado de personas que creían ser dominicanos se encuentran en serios problemas luego de que el Tribunal Constitucional de República Dominicana ordenara dar trato de extranjeros a todos los nacidos en el país desde 1929 de padres “inmigrantes ilegales”, y se cree que especialmente haitianos.

Una reciente encuesta de la Oficina Nacional de Estadística, en República Dominicana contabilizó 244 mil 151 personas nacidas de padres “extranjeros”: 86 por ciento son de origen haitiano.

La medida preocupó a defensores de derechos humanos y civiles no sólo por las consecuencias humanas sino por sus posibles secuelas. Hay quien habla de represalias económicas y quien advierte de problemas, pero se trata de una situación difícil para dos países que comparten una isla de apenas 76,480 kilómetros cuadrados de los que 44 mil son de República Dominicana.

La sentencia, emitida a finales de septiembre pasado responde a una demanda interpuesta por Juliana Deguis, una dominicana de padres haitianos de 29 años, después de que la Junta Central Electoral le negara una cédula de identidad.

La decisión fue apoyada por el alto tribunal, al considerar que la mujer no demostró “que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en República Dominicana al momento de su nacimiento”.

De acuerdo con la resolución, “cuando los extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular, violando las leyes nacionales, no podrán invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho”.

Pero el caso generó una polémica de alcances internacionales que puso a República Dominicana bajo un reflector. Inclusive, ya se debate en la Comisión Interamericana de Derchos Humanos con intervención del Centro Robert F. Kennedy por la Justicia y los Derechos Humanos.

El caso es complicado por el temor tradicional dominicano de la llegada de los haitianos, aunque de los 18 millones de habitantes de la isla por lo menos diez son dominicanos. La población, pese a todo, está extremadamente mezclada.

La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por una sentencia que afecta a decenas de miles de personas y dejarlas sin servicios esenciales e instó al gobierno dominicano a adoptar las medidas necesarias que les garanticen “su derecho a la ciudadanía”.

Para Roberto Álvarez, un abogado dominicano que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del Tribunal Constitucional viola normas.

En declaraciones a título personal, Álvarez consideró que “se violan… en cuanto a la no discriminación, la irretroactividad de la ley, violación a los derechos adquiridos, y en particular a derechos humanos fundamentales, como la nacionalidad y otros múltiples derechos”.

Hizo notar además que la sentencia “viola jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular, varios aspectos centrales de la decisión Niñas Yean y Bosico, de septiembre de 2002”.

Álvarez agregó que políticamente hablando, la norma tiene el potencial de crear un infragrupo de personas nacidas en territorio dominicano, con derechos inferiores al resto de la población, lo cual podría llevar a uno de los aspectos que temen los ultra-nacionalistas: la balcanización interna.

Rosario Espinal, profesora de Sociología en la Universidad de Temple, estuvo de acuerdo.

“Las medidas han sido polémicas por motivos judiciales y de derechos humanos y no tiene ni siquiera sentido pragmático… Esta situación tendrá consecuencias negativas para República Dominicana y para las relaciones dominico-haitianas”, puntualizó en un debate de la publicación Interamerica Advisor del centro de análisis “Diálogo Interamericano” de Washington.

Sin embargo Aníbal de Castro, embajador de República Dominicana en Estados Unidos, dijo a InterAmerican Dialogue que la decisión del Tribunal Electoral ha sido malentendida y tergiversada.

“Esto no es una nueva política sino, más bien, una ratificación de un fallo del Tribunal Supremo de 2005, que clarificaba las disposiciones de la nacionalidad desde 1929”, aseguró.

Agregó que el fallo no afecta a todos los hijos de los inmigrantes haitianos, pues los niños con al menos uno de sus padres residentes legales eran y seguirían siendo elegibles para la ciudadanía dominicana.

Pero Álvarez advirtió que “si esta situación no se resuelve satisfactoria y rápidamente, podría fomentar una situación de inestabilidad que amenace la seguridad interna” del país.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó en 2007 a retener las copias de las actas de nacimiento y cédulas de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana con el argumento de que, al nacer en territorio dominicano de padres extranjeros ilegales, fueron registrados de forma fraudulenta.

Según una reciente encuesta del Ministerio de Economía, en República Dominicana viven cerca de 500 mil inmigrantes haitianos, pero no existen estimaciones del número de dominicanos de ascendencia haitiana.

Cierto que no todos los afectados son de origen haitiano, pero hay temor de que el fallo del tribunal sólo se aplique a los que tengan apellidos de origen francés/haitiano y no a inmigrantes de otras nacionalidades como españoles, estadunidenses, u originarios de ex colonias inglesas del Caribe, etc.

El gobierno ha dicho que no habrá deportaciones y que se prepara un plan de regularización de su situación estatus y que se les otorgará residencias permanentes para que eventualmente puedan naturalizarse, pero Álvarez recordó que “hay muchas dificultades inherentes a este proceso, incluyendo la inefectividad de las instituciones y de la burocracia dominicana”.

Espinal, por su parte, aseguró que la importancia de la población de origen haitiano es una situación que no le gusta a muchos dominicanos, sobre todo a un pequeño, pero poderoso grupo de “nacionalistas”, que son parte de la coalición del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha presionado por disposiciones legales para negar la ciudadanía dominicana a descendientes haitianos.

El Tribunal Constitucional, cuyas decisiones están por encima de la Suprema Corte de Justicia, determinó que todos los inmigrantes que llegaron de Haití a República Dominicana para trabajar en los cañaverales después de 1929 estaban “en tránsito” y por tanto sus hijos nacidos en el país no son dominicanos, a menos que de forma excepcional hubiesen regularizado su estatus migratorio.

Durante décadas, los inmigrantes de Haití que eran llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron sus familias, podían registrar como dominicanos a sus hijos nacidos en ese país con base en las leyes vigentes en ese momento.

Con la entrada en vigencia de una ley de migración en 2004 y la promulgación de una nueva Constitución en 2010, se determinó que los trabajadores inmigrantes temporales, haitianos en su extensa mayoría, son extranjeros “en tránsito” y sus hijos nacidos en el país ya no pueden adquirir la nacionalidad dominicana de forma automática.

Según el Tribunal Constitucional, la figura de extranjero “en tránsito” no es nueva, sino que está vigente en la Constitución desde 1929, pero por décadas las autoridades no la aplicaron de la misma manera.

El Tribunal Constitucional dio además un año para que la Junta Central organize un censo de hijos de inmigrantes “en tránsito” nacidos en el país desde 1929 y los incluya en un registro de extranjeros.

De acuerdo con estadísticas incluidas en la sentencia, más de 16 mil actas de nacimiento ya están bajo análisis y la Junta Central Electoral ha rechazado emitir cédulas de identidad a 40 mil personas por su ascendencia haitiana.

Pero Organismos internacionales de derechos humanos insisten en que la Junta Central Electoral deja en el limbo jurídico a miles de personas, ya que sin los documentos de identidad los afectados no pueden continuar sus estudios ni realizar ningún trámite civil, como tener un empleo formal, abrir una cuenta bancaria o casarse.