La historia de la única mexicana asesinada por el régimen de Pinochet

SANTIAGO, 21 de agosto .– La mexicana María del Rosario Ávalos Castañeda, junto con el argentino Bernardo Mario Lejderman Konujowska, forman parte de los más de tres mil detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura de Augusto Pinochet, y su caso se reavivó esta semana por las declaraciones de su hijo, Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos, quien acusa de complicidad en la muerte de sus padres al actual director del Servicio Electoral (Servel) de Chile, Juan Emilio Cheyre.

El funcionario, un militar en retiro que en la época en que se desarrollaron los hechos fungía como ayudante del Regimiento de Artillería Motorizado “Arica” de La Serena, en el norte del país, y de 2002 a 2006 fue comandante en jefe de las fuerzas armadas, en recientes declaraciones al diario chileno El Mercurio se limitó a reconocer que él sólo entregó al pequeño Ernesto, de dos años, a unas monjas del convento Casa de la Providencia.

Cheyre asegura que él no tenía funciones operativas, y por tanto, no participó en los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 1973 –apenas tres meses después del golpe militar de Augusto Pinochet para derrocar al gobierno de Salvador Allende–, cuando la mexicana y su marido argentino fueron acribillados en presencia de su hijo, luego de que un lugareño fuera torturado y delatara su escondite.

El matrimonio Ledjerman Ávalos llegó a Chile en marzo de 1971 para vivir de cerca el proceso de cambio que experimentaba el país bajo el gobierno de la Unidad Popular, pero la persecución en contra de los simpatizantes extranjeros del gobierno de Allende los obligó a esconderse en una mina cercana a la Cordillera de los Andes, en la frontera con Argentina, a donde pretendían huir.

El doble homicidio ocurrió en el sector de Guallihuaica, Vicuña, en la región de Coquimbo. Primero la acribillaron a ella y después a su marido. Según afirma Cheyre, nunca tuvo indicios para dudar de la versión oficial en el sentido de que ambos se habían suicidado dinamitándose, versión que al término de la dictadura fue desestimada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que en 1991 dio cuenta de que fueron ejecutados al margen de todo juicio.

Al niño se lo llevaron al regimiento y fue Cheyre quien recibió la orden de llevárselo a un convento de monjas en La Serena, donde tiempo después fue recuperado por sus abuelos argentinos, quienes lo llevaron a Buenos Aires para encargarse de su crianza.

La realidad de los hechos fue revelada posteriormente por Luis Horacio Ramírez, el lugareño que llevó a la patrulla militar, que expresamente buscaba al matrimonio, a la mina donde se escondían. Fue él mismo quien, obligado por los militares, cavó una fosa en donde enterró a la mujer. Luego se lo llevaron detenido, y cuando fue liberado al día siguiente, volvió al lugar para inhumar el cuerpo del argentino.

El caso fue investigado por la justicia militar, que en 1992 sobreseyó la causa alegando que el delito había prescrito, y posteriormente, en 1995, la justicia civil lo consideró cosa juzgada, sentencia que fue apelada sucesivamente hasta que llegó, años después, a la Corte Suprema de Chile, que finalmente condenó al brigadier Fernando Polanco y a los suboficiales Luis Fernández y Héctor Vallejos por homicidio calificado.

La condena fue de cinco años y un día de prisión, la cual empezaron a cumplir a partir del 15 de julio de 2009 en una cárcel con privilegios que fue creada especialmente para recluir a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. En tanto, el 2 de julio pasado, la justicia rechazó procesar a Cheyre por este caso y el de otros detenidos desaparecidos que fueron víctimas del operativo conocido como la Caravana de la Muerte.

Ahora, casi 40 años después de los hechos, Ernesto espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos proceda con la denuncia que presentó en contra del Estado chileno por la sentencia de solo cinco años que la Corte Suprema de Chile dio a los tres ex militares que cometieron el crimen, y por haberle negado una indemnización con el argumento de que ya recibe una pensión de reparación otorgada por el Estado.

Ávalos Castañeda fue la única persona de nacionalidad mexicana que fue asesinada en Chile durante la dictadura, de un total de 65 extranjeros que también fueron víctimas mortales de la violencia represiva del Estado.

Si bien Ernesto, en sus declaraciones a medios de comunicación chilenos, no acusa a Cheyre de participar directamente en los hechos, sí lo considera cómplice por encubrimiento, postura que comparte la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a la que se agregó la explosiva opinión de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, quien el lunes pasado cuestionó la actitud de Cheyre de “guardar silencio, pensar que su pasado es cosa suya y que no merece ni la reflexión ni el escrutinio público”.