Víctimas de L12 del Metro interponen amparo para conocer acuerdo

Víctimas de la Línea 12 del Metro interpusieron un amparo con el fin de que se les entregue una copia del convenio que sostuvo el gobierno de la Ciudad de México y las empresas relacionadas en el tramo elevado que colapsó el tres de mayo pasado.

Con este recurso que fue presentado ante los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, el 24 de diciembre pasado, los deudos y lesionados que son representados por el abogado Cristopher Estupiñán, buscan conocer los detalles del fondo monetario que se creó para la reparación del daño de los 26 fallecidos y más de 100 lesionados que dejó el desplome.

En la demanda de garantías, los quejosos aseguran que a más de dos meses de que se diera a conocer dicho convenio, las autoridades les han negado acceso al documento bajo el argumento de que es de carácter confidencial y el cual ha eximido a las empresas relacionadas con la obra de la Línea Dorada de la acción penal.

Los afectados señalan en el amparo que es necesario que obtengan una copia del acuerdo para "recibir una asesoría jurídica de carácter técnico dentro del proceso penal".

En el amparo las víctimas expusieron que, durante la audiencia del 25 de octubre pasado, el juez de Control le ordenó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México que les entregara a los denunciantes una copia del convenio y que la petición no fuera revocada.

En la continuación de audiencia, el 3 de diciembre, los demandantes aseguran que le expusieron al juez que la Fiscalía había sido omisa en entregarles la copia del convenio, a lo que el Ministerio Público alegó que no se acató la resolución porque el acuerdo era de carácter confidencial.

Sobre el particular, el Juez aceptó los argumentos de la Fiscalía, y revocó de facto su resolución de fecha 25 de octubre del 2021, retractándose respecto de requerir a la Fiscalía para que exhibiera el convenio reparatorio anteriormente referido, y variando el sentido y alcances de dicha resolución", se lee en el amparo.

La audiencia del 3 de diciembre también fue diferida y se aplazó para el próximo 7 de marzo de 2022, resolución que los quejosos también señalan como una irregularidad.

Toda vez que argumentan que dicha fecha se encuentra fuera del plazo de 15 días previsto en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que "no resulta compatible con la noción de justicia pronta y expedita".

jvc