Buscan que Transporte Escolar Obligatorio sea permanente

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto.- El transporte escolar en la Ciudad de México deberá evolucionar a esquemas voluntarios, accesibles para los padres de familia y que a la vez ayuden y mantengan la reducción de contaminantes, consideró Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal (Sedema).

La creación de rondas en las que un papá lleva a varios niños a la misma escuela, es una de las mejores opciones y aunque en muchas de ellas  ya se usan, es necesario plantearlas como una actividad formal la cual permitirá que se conviertan en el sistema de movilidad de la escuela entera.

“Se tiene la confianza de que saben que son alumnos de una misma escuela, se conocen los papás, no conlleva un costo adicional, se forma comunidad escolar o se fortalece, son opciones que estamos analizando y se presentarán en su momento”, añadió.

Sin dejar atrás la obligatoriedad a las escuelas en donde la movilidad se había convertido en un problema en los horarios de entrada y salida, ante el elevado número de automóviles, para los próximos años la apuesta tendrá que ser diferente.

“Se puede mejorar el programa en el tema voluntario con esquemas que son mucho más flexibles que nos van a ayudar a reducir el número de viajes en auto particular con baja ocupación”, señaló.

De cara al inicio del ciclo escolar 2014-2015, que arranca mañana, y al cumplirse cinco años de operación del Programa de Transporte Escolar Obligatorio (Prote) con las fases de aplicación completadas, dijo que en adelante tendrá que operar como una medida permanente y bajo la constante vigilancia de las autoridades.

Actualmente son 50 las escuelas adheridas al programa obligatorio, las cuales suman una matrícula de 40 mil alumnos, en cuyo entorno se ha modificado la movilidad, así como las condiciones ambientales, principalmente en cuanto a la calidad del aire y la contaminación por ruido.

No todos los estudiantes llegan o se van de la escuela en el transporte, eso sólo lo hacen 18 mil alumnos, mientras que nueve mil 938 más llegan caminando o en transporte público, y 11 mil siguen arribando en automóvil, esto como parte de las exenciones autorizadas a cada escuela.

A su vez, 17 escuelas más  participan pero con programas de mitigación vial y ambiental que consisten en la agilización del tránsito, el confinamiento de carriles para evitar asentamientos de autos, así como medidas de separación de residuos, ahorro de agua, energía y otras medidas al interior.

Según estadísticas de la Sedema, la aplicación del programa en la fase obligatoria ha permitido la reducción de contaminantes, especialmente los precursores de ozono que causan serios daños a la salud, como afecciones respiratorias y cardiacas, en más de 64 por ciento.

De manera formal, en la Ciudad de México 943 autobuses ofrecen el servicio de traslado a estudiantes, de los cuales, 105 son operados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y el resto empresas particulares, las cuales son sometidas a estrictos controles de operación para garantizar emisiones limpias y un trayecto seguro para los pasajeros.

Los autobuses del servicio público que se han especializado en el tema escolar, son diferentes a los que circulan en las diferentes rutas de la ciudad, ya que cuentan con tecnología de vanguardia, el motor tiene un sistema de reciclaje de gases que reduce al mínimo la emisión de partículas contaminantes.  Asimismo se aplican las guías de servicio preventivo, además de llevar a cabo la verificación ambiental obligatoria, aunado a la constante capacitación de los choferes, informó la propia RTP a Excélsior.

Dichas unidades atienden actualmente a siete escuelas, recorren un promedio de 56 kilómetros al día y operan a partir de puntos de recolección y no yendo a la puerta de cada domicilio.

Sobre los amparos y demandas que varias escuela emprendieron en contra del GDF por la aplicación del Prote, desde sus inicios, Tanya Müller comentó que aún siguen los procesos legales y no existe aún definición sobre el tema, ni tampoco han sido aplicadas las multas por no implementar el programa, las cuales año con año se acumulan.

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