Legislar con la frente en alto

Defender los acuerdos que construimos reivindica su honorabilidad, los desnuda de suspicacias...

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Roberto Gil Zuarth 19/05/2014 01:36
Legislar con la frente en alto

La negociación legislativa es el espacio de la transigencia; el proceso en donde se materializan las ideologías y las convicciones. Es la contraposición de ideas que puede tolerar, sin suspicacias, la diferencia de opiniones y objetivos. Evidencia las preferencias, incorpora los irreductibles, avanza las coincidencias. El proceso legislativo fue el que dio temporalidad y contenido a la propuesta de reforma político-electoral que emanó del Pacto por México; sirvió para decantar las propuestas y complementarlas con preocupaciones históricas de cada uno de los partidos políticos.

El debate legislativo en torno a las leyes secundarias de la reforma político-electoral tuvo que encontrar un primer acuerdo en el método de dictaminación. Los senadores del PAN insistimos en discutir temáticamente los contenidos de las leyes, en vez de concentrarnos en la iniciativa del Ejecutivo. Si bien esta propuesta contaba con la anuencia de algunos representantes de los partidos políticos, ha sido nuestra postura, siempre, que esta interlocución no puede sustituir los acuerdos parlamentarios. Habiéndose aceptado esta condición, tanto el PAN como el PRD plantearon los temas que defenderían como irreductibles y los sustanciaron con redacciones precisas. Las negociaciones duraron varios días, en los que se revisaba una y otra vez que los acuerdos estuvieran plasmados en las minutas, en las que los grupos técnicos pulían las redacciones y cuadraban la consistencia. A cada avance, correspondía la actualización de los documentos de apoyo, mismos que eran enviados a todos los integrantes de la mesa y a sus equipos. Fue una negociación exitosa para las fuerzas de oposición, que lograron avanzar la mayor parte de sus irreductibles. Una negociación que hoy no se reconoce por los pendientes que sí resuelve, sino por un único tema que se percibe equivocadamente como una sorpresa, como un intento de abuso del presupuesto, de corrupción de la autoridad judicial: la facultad que se otorga a la Comisión de Administración para establecer el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es importante recordar que esta propuesta fue sugerida por los representantes del Pacto por México, por primera vez, un día antes de la votación de la reforma constitucional en la materia. Un acuerdo que proponía ampliar el mandato de los magistrados a 15 años y equipararlos a los ministros de la Suprema Corte. La propuesta se justifica por el hecho de que el Tribunal Electoral nació escindido de la carrera judicial y de los mecanismos para incentivar su imparcialidad. El haber de retiro abonaría a la independencia judicial que está protegida por la Constitución y en las convenciones internacionales. Tan es así que en otros países, como Estados Unidos y España, existe esta previsión. La prohibición constitucional de no poder ejercer en los dos años posteriores a la finalización de su encargo coloca a los magistrados en una situación cuyos incentivos son perversos. En este entendido, las fuerzas políticas acordamos que se incorporaría, pero en las leyes, no en la Constitución; para no establecer un derecho inmediatamente exigible, sin asidero presupuestal. Se optó por no garantizar una pensión vitalicia, sino por dejar en manos de la Comisión de Administración un modelo de haber proporcional, razonable y presupuestalmente viable.

La reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativa al haber de retiro, estuvo reflejada en cada una de las versiones del dictamen que se circuló a todos los participantes de la negociación y a sus equipos, en por lo menos tres ocasiones adicionales. No se sugirieron cambios; la redacción de las versiones previas es idéntica a la que se votó en comisiones y en el Pleno, en donde tampoco se presentaron reservas al respecto. Extraña que, en el debate mediático, quienes votamos conjuntamente con convicción no estemos defendiendo también conjuntamente el voto que la sustancia. Asumir, defender los acuerdos que construimos reivindica su honorabilidad, los desnuda de suspicacias, los fortalece ante la opinión pública. Defender nuestras posturas redignifica a la política responsable, que conoce y se reconoce en sus decisiones. No hay vergüenza en el acuerdo que abona, que se explica y se defiende. Finalmente, la política se trata de tejer esos acuerdos y de saber explicarlos a nuestros electores.

                *Senador de la República

                roberto.gil@senado.gob.mx

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