Frentes Políticos

I. La vergüenza. Ahora que es demasiado tarde, se saca a relucir el historial del fugado José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala. Se sabe que obedecía al crimen organizado; que ordenó el ataque del pasado 26 de septiembre, en el que murieron seis personas, además la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa; que en su momento se negó a la puesta en marcha del mando único en su municipio, y que, como aseguró René Bejarano, líder de IDN, recibió protección política; y que estaba en la nómina de Guerreros Unidos. Y lo peor, que a la llegada de Abarca a la alcaldía, la situación comenzó a descomponerse en Iguala. Torturas y asesinatos. Y lo dejaron hacer.

II. Cinismo. Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, informó que solicitará al gobierno federal investigar a los 81 presidentes municipales del estado. Solicitará una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para presentarle un diagnóstico de los municipios y policías de los que, se sospecha, puedan tener vínculos con el crimen organizado. “Sabemos de la infiltración de la delincuencia en varios municipios del estado”, admitió; una frase para no olvidarse. La entidad se le desmoronaba. Lo sabía, y no corrigió. El silencio también mata.

III. Descaro. No es buen momento para posar. Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, informó en Iguala, Guerrero, que su partido propone crear una fiscalía ciudadana para ayudar en las investigaciones del ataque y desaparición de estudiantes normalistas en ese municipio. Afirmó que el partido tiene la disposición de encontrarse con familiares de las víctimas y desaparecidos. Consideró que lo que falta es limpiar a Guerrero de delincuentes y el PRD lo respaldará. “Venimos a dar la cara”, dijo a los guerrerenses. Aunque, en realidad, ¿sabe usted a qué fueron?, a sacarse una foto. Una burla sobre otra.

IV. Confianza presidencial. Al frente de un equipo especializado de peritos forenses en diversas disciplinas, ministerios públicos y agentes de investigación, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, arribó a Iguala, Guerrero, para iniciar las investigaciones por el tema Ayotzinapa. Viajó acompañado de especialistas, peritos forenses, criminalistas, mecánica de suelo, químicos y fotografía. Peritos determinarán la identidad de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Hará las funciones que hace Alfredo Castillo en Michoacán, aunque todavía no hay nombramiento oficial. Por cierto, ambos trabajaron en el gobierno mexiquense.

V. Los manos limpias. Lo que ocurre en Michoacán y Guerrero —alcaldes y funcionarios ligados directa o indirectamente al crimen organizado— es responsabilidad de los partidos políticos. De nadie más. Son ellos quienes proponen a los candidatos. Son ellos los que deben hacerse responsables de sus actos. Son ellos los que deben dar la cara por permitir que el narcotráfico penetre a sus filas. Desentenderse después es de cobardes. Eso es lo que deben entender Ricardo Anaya, del PAN; César Camacho, del PRI, y el propio Carlos Navarrete, del PRD. La desconfianza hacia los políticos era ya preocupante; con esto, su credibilidad se desvanece. Si los mexicanos son quienes financian a los partidos, lo menos que puede esperarse es que propongan a personas honorables, no a criminales.

VI. Contingencia superada. El presidente Enrique Peña Nieto levantó ayer, durante su cuarta visita a Los Cabos, la etapa de atención a la emergencia por el paso del huracán Odile en Baja California Sur, para dar paso al proceso de reactivación económica, que implica el apoyo a los distintos sectores productivos para que retomen su actividad normal. A 22 días de que azotara el fenómeno meteorológico, el mandatario afirmó que Baja California Sur se encuentra de pie y que, por delante, está el compromiso de la administración federal de seguir trabajando en conjunto para recibir al turismo nacional e internacional en esta temporada de fin de año. La tarea es compartida. El gabinete y funcionarios lo hicieron posible. En tiempo récord.