Urgente: por unas elecciones en paz

Los comicios presidenciales de 2024 en México se perfilan como unos de los más complejos y trascendentales de las últimas décadas. Pero, más allá de la contienda política en sí misma, existe una preocupación apremiante de que la violencia pueda enturbiar e incluso poner en riesgo la viabilidad del proceso electoral.

Los recientes asesinatos de 22 candidatos a puestos de elección popular a manos, presumiblemente, del crimen organizado han encendido las alertas. Es inaceptable que actores delictivos pretendan amedrentar e imponer su voluntad sobre el pueblo mediante actos criminales contra quienes buscan representarlo democráticamente.

Aunque los ataques no se limitan a un partido o región en particular, estos hechos violentos constituyen un ataque frontal contra la democracia misma. De ahí que Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haya hecho un llamado urgente para garantizar elecciones pacíficas en el país.

La violencia electoral no es un fenómeno nuevo en México, pero su escala y la audacia de los ataques recientes contra candidatos políticos señalan una escalada alarmante. Este clima de intimidación y miedo no sólo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también socava la confianza del público en el proceso electoral. La posibilidad de que el crimen organizado influencie los resultados electorales o disuada la participación ciudadana es un atentado directo contra la democracia. La violencia electoral crea un vacío de poder que a menudo es llenado por los mismos grupos que perpetúan la violencia, distorsionando la representación política y debilitando las instituciones democráticas.

Es responsabilidad ineludible de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y todos los actores políticos velar porque los comicios se desarrollen en un ambiente de plena libertad, sin intimidaciones ni amenazas de ningún tipo. La alternancia pacífica en el poder es un pilar fundamental del Estado de derecho.

Ante esta crisis, la respuesta del gobierno mexicano y de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad electoral es crucial. La implementación de medidas de protección para candidatos y votantes, junto con estrategias efectivas para combatir al crimen organizado, son pasos indispensables. Sin embargo, la magnitud del desafío requiere también un esfuerzo coordinado a nivel internacional. El llamado de la ONU a asegurar un proceso electoral pacífico debe traducirse en apoyo concreto y colaboración. La experiencia y recursos de la comunidad internacional pueden ser vitales en el fortalecimiento de las capacidades de México para enfrentar este reto.

Al mismo tiempo, es imperativo contrarrestar los intentos del crimen organizado por cooptar espacios de representación popular mediante el financiamiento ilícito de campañas o la imposición de candidatos afines a sus intereses. Candidatos y funcionarios deben estar libres de cualquier vínculo con el narco.

En ese sentido, las instituciones encargadas de la fiscalización y el combate a la delincuencia tienen la ineludible tarea de redoblar esfuerzos para salvaguardar la integridad del proceso comicial. La ciudadanía, a su vez, debe mantenerse vigilante y denunciar cualquier irregularidad.

Celebrar elecciones en un ambiente de paz y legalidad no es sólo un reto operativo, es una condición indispensable para la vigencia del Estado democrático de derecho en México. Que nadie lo pierda de vista. Está en juego mucho más que una simple contienda electoral.