México tiene un problema recurrente con ciertos fugitivos: se van lejos, pero no lo suficiente.
Este jueves, Omar García Harfuch, secretario de SPC federal, anunció la detención en Argentina de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina y sobrino político del almirante Rafael Ojeda, titular de la institución durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal. El detenido portaba un pasaporte falso de Guatemala y contaba con ficha roja de Interpol. Había decidido no presentarse a una audiencia programada para noviembre de 2025. Calculó, mal, que desaparecer era una estrategia viable.
No era la primera pieza de esa familia que caía. Su hermano, Manuel Roberto, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y está preso bajo proceso en el penal del Altiplano. Dos hermanos, dos contralmirantes, una misma red criminal, un mismo apellido que ya está marcado en los archivos de la Fiscalía y en la reputación irreparable de una institución que durante años operó como si la lealtad al jefe fuera blindaje suficiente.
El vínculo entre Farías Laguna y Ojeda no era sólo de sangre: fue su secretario particular y jefe del Estado Mayor de la Armada. Quien quisiera ascender en esa cadena de mando sabía bien que pasaba por él. Eso es lo que hace tan grave este caso: no es un marino que se torció en las sombras. Es alguien que operó desde el centro del poder institucional, con nombre, cargo y acceso.
Hay que decir lo que es justo decir: la captura es un logro del gobierno de Claudia Sheinbaum y un logro personal de García Harfuch. No es menor atrapar a un contralmirante prófugo en el extranjero, con documentos falsos, en un país que no tenía obligación de cooperar tan ágilmente. El operativo involucró a la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, la FGR, Interpol México y el Centro Nacional de Inteligencia, con la colaboración de las autoridades argentinas. Eso es coordinación real, no comunicado.
Y no es la primera vez que esta administración persigue a sus fugitivos hasta el otro continente. En septiembre pasado, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora, fue capturado en Paraguay, donde vivía en una residencia de lujo en un fraccionamiento cerrado de Mariano Roque Alonso. Antes de llegar ahí, había pasado por Panamá, luego por España y finalmente, se cree, por Brasil, donde se le perdió el rastro. Pensó que el laberinto lo protegería. El Centro Nacional de Inteligencia pensó diferente.
Lo que une a estos dos casos —el contralmirante huachicolero y el exsecretario narco— es una misma lógica perversa que durante años funcionó perfectamente en México: la del funcionario que se sabe intocable por cercanía al poder. Ojeda en la Marina, Adán Augusto López en Tabasco: los mismos patrones, los mismos sobreentendidos, la misma convicción de que el cargo es escudo y el jefe es garantía.
Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad de Tabasco por Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena. Lo que significa que la limpieza que está haciendo esta administración no es sólo contra los enemigos del movimiento: es contra la propia herencia del movimiento. Eso incomoda. Eso también es necesario.
Ninguno de estos hombres debió haber llegado donde llegó. Pero ya que llegaron, que los atrapen en Argentina y en Paraguay envía una señal que vale más que cualquier discurso de seguridad: que la distancia ya no es impunidad, que el pasaporte guatemalteco no es invisibilidad, y que el Cono Sur, por remoto que parezca, no alcanza para esconder lo que México ya decidió ir a buscar.