Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo.
“Fue totalmente ilegal”, reclamaba con acritud el expresidente López Obrador, en septiembre de 2024, en relación al traslado y posterior captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. “Hicieron un acuerdo y no nos informaron”, acusaba, molesto, a sabiendas de que el equilibrio con los factores reales de poder se había roto sin que pudiera hacer nada al respecto.
El modelo de país que había planeado se le escurría entre los dedos. La política de “abrazos y no balazos” había sido cumplida, por su parte, bajo la misma relación entre lealtad y experiencia que solía exigir de sus subordinados. La ceguera voluntaria ante la tragedia de Tlahuelilpan, ocasionada por los huachicoleros al inicio de su mandato; la liberación de un narcotraficante prominente en los sucesos que después se conocieron como el “culiacanazo”, así como la negación constante de la elaboración de fentanilo en territorio nacional, no fueron sino muestra del compromiso real de un presidente que desde los primeros días de su mandato había advertido que los grandes actos de corrupción en su gobierno, de cometerse, serían realizados con la aprobación directa del titular del Ejecutivo. Lo que en aquel momento se tomó como una garantía de honestidad, en los hechos se convirtió en el anuncio oficial de las patentes de corso. Hasta que llegaron los sucesos del 25 de julio de 2024.
La detención del ‘Mayo’ tomó por sorpresa al gobierno mexicano y lo sacó, por completo, de balance. “Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto aun cuando no haya participado la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de la Marina’’, trató de justificar López Obrador en la conferencia mañanera del día siguiente, cuando aún no había terminado de asimilar el golpe. “Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a los EEUU y allá capturarlo pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico”, explicó tratando de ocultar una incertidumbre que resultaba más que evidente. Las quejas al gobierno norteamericano vendrían después, cuando quedó claro que los índices de aprobación no equivalen al control real sobre los asuntos más delicados en el territorio, hasta llegar al extremo de acusar de traición a la Patria a quien había entregado al narcotraficante a las autoridades estadunidenses. El presidente, lo sabía muy bien en ese momento, había dejado de estar al mando.
“Traición a la Patria”, argumentan quienes pretenden juzgar, en el cadalso de la soberanía cuatroteísta, a la gobernadora del estado de Chihuahua tras la muerte de dos funcionarios estadunidenses en circunstancias que, sin duda alguna, deberían esclarecerse. Circunstancias que, de acuerdo con las declaraciones iniciales de la propia presidenta Sheinbaum, no fueron del conocimiento del gobierno federal —tal y como sucedió con la captura del ‘Mayo’, en el hoy lejano 2024.
El país cambió, sin lugar a dudas, desde entonces hasta ahora: lo que ha cambiado aún más, en este breve periodo, es la relación asimétrica entre el país más poderoso del mundo con el que considera como un desaseado, e incluso molesto, patio trasero. Un patio trasero que, justo en vísperas de la renegociación de los acuerdos comerciales, podría servir para tratar de recuperar la popularidad que el mandatario norteamericano ha perdido en los últimos meses. Las fuerzas especiales, por lo pronto, ya operan en nuestro país.
“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba”, afirmó la presidenta Sheinbaum desde Barcelona, al mismo tiempo que el operativo en Chihuahua se desarrollaba —sin su conocimiento previo— con la participación de efectivos norteamericanos en territorio nacional. Los índices de aprobación, ha quedado demostrado, no equivalen al control real del territorio: lo que México merece, aunque resulte doloroso, es saber quién realmente manda aquí.